El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en el país, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción identificada como Los Chapitos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones fueron emitidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de las acciones para interrumpir la cadena de suministro de sustancias utilizadas en la producción de drogas sintéticas. La medida forma parte de una estrategia más amplia que busca frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, droga responsable de más de medio millón de muertes por sobredosis en ese país.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la red operaba desde Culiacán, Sinaloa, a través de empresas fachada dedicadas a sectores como el químico, agrícola, de limpieza industrial, salud y bienes raíces. Las compañías implicadas son Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Viosma, Prolimph, Salud y Roco.

Entre las personas sancionadas se encuentran integrantes de la familia Favela López —Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela—, además de Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, identificada como intermediaria clave en la distribución de precursores.

La OFAC precisó que esta red mantenía operaciones de exportación e importación de productos químicos con empresas estadounidenses, lo que permitía el tránsito de insumos hacia laboratorios clandestinos. A pesar de intentos por ocultar la estructura empresarial tras sanciones previas, los vínculos con Los Chapitos se mantuvieron activos.

El Departamento del Tesoro detalló que esta facción del Cártel de Sinaloa, dirigida por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ha consolidado el control del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Por esa razón, Los Chapitos fueron incluidos desde junio de 2025 en la lista de organizaciones designadas bajo las leyes de contraterrorismo y control de narcóticos.

Las sanciones incluyen el congelamiento de todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo jurisdicción de entidades estadounidenses. Asimismo, se prohíbe cualquier transacción directa o indirecta con ellos, lo que podría derivar en sanciones civiles o penales para quienes las incumplan.

El despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) hacia la frontera norte de México comenzó este martes como parte de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad en la región, frenar el tráfico de fentanilo e inhibir la migración irregular, lo que permitió evitar la imposición de aranceles del 25 % por parte del gobierno estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con la aplicación de estos gravámenes a productos mexicanos, argumentando que la migración irregular y el tráfico de drogas representaban un riesgo para la seguridad nacional de su país. Sin embargo, el lunes ambas administraciones alcanzaron un acuerdo para suspender la medida durante un mes, condicionado al despliegue inmediato de fuerzas federales en la frontera norte de México.

Como parte de la negociación, el gobierno de Estados Unidos asumió el compromiso de intensificar las investigaciones sobre el ingreso de armas a territorio mexicano. Se busca reducir la disponibilidad de armamento de alto calibre que ha sido incautado a grupos delictivos en México y que, en muchos casos, proviene del mercado estadounidense.

El despliegue de los elementos de la GN se realizó en las primeras horas del martes, con contingentes trasladándose desde diversas entidades del país hacia puntos estratégicos de la frontera. En total, los 10 mil agentes fueron distribuidos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, concentrándose en ciudades clave como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.

Los efectivos movilizados provienen de entidades donde los índices delictivos han mostrado una reducción, según informaron las autoridades. Se aseguró que la reubicación de estos agentes no afectará la seguridad en las regiones de origen. Parte del contingente ya se encontraba en la frontera, mientras que el resto fue trasladado desde estados del centro y sureste del país.

El despliegue de la Guardia Nacional forma parte del operativo denominado «Frontera Norte», que busca evitar el ingreso de drogas a Estados Unidos y reforzar el control migratorio. En paralelo, el gobierno mexicano anunció que evaluará los resultados de esta estrategia para determinar las acciones a seguir en el marco del acuerdo bilateral.

El anuncio de la medida se produjo tras semanas de tensiones comerciales, en las que la administración estadounidense argumentó que los cárteles mexicanos mantenían alianzas que ponían en riesgo la seguridad y salud pública en su país. Como respuesta, el gobierno mexicano advirtió que también tenía preparadas acciones en materia comercial en caso de que los aranceles fueran implementados.

En los próximos días, ambos países evaluarán el impacto del despliegue y continuarán el diálogo para abordar las preocupaciones en materia de seguridad y migración. Mientras tanto, el acuerdo bilateral sigue vigente con la posibilidad de revisiones y ajustes conforme avancen las negociaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este martes su postura ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de un arancel del 25% para México y Canadá, que entraría en vigor al inicio de su administración.

Durante su conferencia matutina, conocida como «La Mañanera del Pueblo», Sheinbaum compartió una carta que será enviada a Trump, en la que subraya la importancia de la cooperación mutua para abordar los desafíos comunes, como la migración y el tráfico de fentanilo. La mandataria mexicana rechazó enfáticamente las amenazas de imponer aranceles, destacando que este tipo de medidas podrían tener un impacto negativo en ambas economías, generando inflación y pérdidas de empleo.

Sheinbaum recalcó que no es a través de amenazas o tarifas adicionales como se resolverán problemas complejos como el fenómeno migratorio o el consumo de drogas en Estados Unidos. En su lugar, abogó por un entendimiento y colaboración recíproca entre los dos países para enfrentar estos desafíos. Según su intervención, un aumento en los aranceles generaría una cadena de respuestas similares que pondrían en riesgo las empresas de ambos lados de la frontera.

En relación con la migración, la presidenta destacó que las políticas implementadas por México han logrado una disminución del 75% en los encuentros de migrantes en la frontera entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Además, enfatizó que gran parte de los migrantes que arriban a Estados Unidos lo hacen mediante citas legales otorgadas a través del programa estadounidense «CP One», lo que ha disminuido significativamente la llegada de caravanas migrantes. Sheinbaum también señaló que es necesario avanzar hacia un modelo conjunto de movilidad laboral que beneficie a ambos países, y atender las causas que llevan a las familias a migrar.

Por otro lado, la presidenta mexicana abordó el combate al tráfico de fentanilo, reconociendo los esfuerzos de las fuerzas armadas y las fiscalías de México, que este año han logrado importantes decomisos, incluyendo más de 10,340 armas y la detención de 15,640 personas relacionadas con el narcotráfico. Además, informó que se encuentra en proceso una reforma constitucional para tipificar como delito grave la producción, distribución y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas.

En su mensaje, Sheinbaum subrayó la disparidad en los impactos del tráfico de fentanilo, señalando que, aunque Estados Unidos es el principal consumidor, México está pagando un alto costo en términos de vidas humanas. La mandataria enfatizó que una estrategia conjunta entre ambos países, así como la cooperación internacional para controlar el tráfico de precursores químicos provenientes de Asia, son esenciales para abordar de manera efectiva este grave problema.