La Magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, encabezó la entrega del proyecto de Reglamento Interno al Órgano de Administración Judicial, un avance relevante dentro del proceso de transformación institucional establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. La funcionaria destacó que el documento impulsa un esquema disciplinario moderno y ordenado, acorde con los lineamientos de la reciente Reforma Judicial.

Durante la presentación, realizada ante la secretaria de la Contraloría estatal, Hilda Salazar Gil, Reyes Hernández explicó que el proyecto fue elaborado a partir del trabajo interno del Tribunal y enriquecido con aportaciones especializadas de diversas dependencias. Subrayó que esta labor conjunta permitió consolidar un instrumento normativo sólido y funcional para el fortalecimiento institucional.

La magistrada reconoció la intervención técnica de organismos como la Secretaría de la Contraloría, el Poder Legislativo, el Instituto Hacendario, el Sistema Anticorrupción, la Secretaría de Finanzas, el Órgano Superior de Fiscalización y las áreas jurídicas del Poder Judicial. Expresó que esta coordinación evidencia el compromiso con la transparencia y con la mejora continua de la función pública.

En representación del Presidente del Órgano de Administración Judicial, Magistrado Fernando Díaz Juárez, la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera recibió formalmente el documento. Indicó que este acto refleja la importancia de la colaboración interinstitucional en la construcción de un servicio de justicia más eficiente, confiable y cercano a la ciudadanía.

Almazán Barrera añadió que la entrega del proyecto simboliza la responsabilidad que asume el Órgano de Administración en el fortalecimiento de los principios de independencia, integridad y honestidad que rigen la función judicial. Afirmó que el cuerpo colegiado dará seguimiento puntual al marco legal para garantizar su correcta aplicación.

Como testigo de honor, el Magistrado José Luis Embriz Vásquez, director general de la Escuela Judicial, acudió en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Macedo García. Señaló que la conformación de este marco regulatorio es un elemento esencial del nuevo modelo de gobierno judicial, ya que establece procesos disciplinarios claros y transparentes.

Embriz Vásquez reconoció la labor técnica que permitió dar forma al reglamento y aseguró que este instrumento reafirma el compromiso del Poder Judicial con la ética y la rendición de cuentas. El acto contó con la presencia de magistradas, magistrados y personal jurisdiccional del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración.

Este jueves comenzó formalmente el periodo de campañas de la primera elección judicial en el Estado de México, un proceso inédito en el país que definirá 91 cargos del Poder Judicial mexiquense mediante el voto ciudadano. Entre los aspirantes se encuentra Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ex fiscal general de Justicia de la entidad, quien busca convertirse en magistrado del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

En total, 398 personas participan en esta contienda: 186 mujeres, 210 hombres y dos personas no binarias. Se disputan 91 cargos, entre ellos la presidencia y 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y 55 cargos de jueces y juezas.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Gómez Sánchez destacó el carácter transformador de esta reforma constitucional que da paso a la elección directa de jueces y magistrados, un hecho sin precedentes en el país.

“Ya no van a ser designados los jueces y magistrados por vía de la judicatura, sino que ahora van a ser designados por el voto popular, por el voto de los ciudadanos. Es nuestra oportunidad de renovar nuestro poder judicial”, afirmó.

El ex fiscal explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá como funciones principales la investigación y sanción de faltas administrativas cometidas por personal jurisdiccional, así como la evaluación de su desempeño. En este contexto, presentó tres ejes que guiarán su actuación, en caso de resultar electo:

Prevención sobre sanción: Enfatizó la necesidad de prevenir malas prácticas a través del seguimiento a visitas de supervisión y el uso de tecnología, incluida la inteligencia artificial, para identificar y corregir patrones de conducta inadecuada.

Colaboración con la sociedad: Propuso abrir canales de comunicación y cooperación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, barras y colegios de abogados, así como colectivos de víctimas.

Visión integral del sistema de justicia: Señaló que la administración de justicia es una tarea compartida entre jueces, fiscalía, defensoría pública y otras instituciones clave.

“Estoy aquí para pedirte tu voto este primero de junio, porque podemos construir un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y ahora también cercano a la gente”, concluyó.

La elección judicial mexiquense representa un parteaguas en la manera en que se integran los órganos jurisdiccionales, y figuras como la de Gómez Sánchez destacan por su experiencia en la procuración de justicia y por su interés en fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

A partir de este 24 de abril 398 candidaturas a ser parte del Poder Judicial del Estado de México; 186 mujeres, 210 hombres y dos personas no binarias han iniciado el periodo de campañas electorales para promover sus propuestas, su perfil y su idea de cómo mejorar el sistema de justicia mexiquense.

El periodo de campaña concluirá el 28 de mayo, por lo que serán 35 días de campaña en los que las candidaturas buscarán promoverse principalmente por redes sociales debido a las limitaciones que la ley electoral les establece.

Lo anterior puesto que las candidaturas no pueden organizar eventos públicos o privados “de arranque o cierre” de campaña utilizando equipo de sonido, templete, sillas o carpas. Además, tiene prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

Por otra parte, no pueden contratar espacios en radio y televisión u otro medio de comunicación; pautar en redes sociales; imprimir propaganda en materiales distintos al papel; contratar espacios para realizar eventos; contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse.

No pueden contratar servicios de perifoneo; adquirir uniformes con distintivos para el personal de apoyo de campaña y adquirir microperforados o rotular vehículos.

Es de recordar que el 1 de junio, las y los mexiquenses votarán por quien presida el Poder Judicial; 30 Magistraturas; cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y 55 juezas y jueces.

Para garantizar una contienda electoral equitativa, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) definió los topes de gastos personales de campaña, para candidaturas en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025.

Quienes contiendan por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se les fijó un tope de un millón 066 mil pesos; para las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 266 mil pesos y para Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México 82 mil.

Tal y como lo establece la normativa, las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que deberán valerse de sus recursos propios para cubrir gastos que realicen para promocionarse, es decir, durante campañas electorales.

“La democracia no se construye solo con la apertura del voto, sino con la garantía de que todas las candidaturas participantes tengan las mismas oportunidades de competir sin ventajas indebidas y sin que las diferencias económicas puedan representar un factor determinante para definir los resultados”, recalcó la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez.

Precisó que los topes de gastos propuestos son idóneos, proporcionales y necesarios para garantizar una elección en la que se cumplan con los principios constitucionales que regulan las elecciones.

Para su establecimiento, dijo, se consideró una fórmula que contempló la geografía electoral, el tamaño del electorado según el cargo a elegir, así como las restricciones en materia de financiamiento y los gastos permitidos para el desarrollo de actividades de campaña.

“Estamos frente a una elección histórica, la ciudadanía mexiquense tendrá la oportunidad, por primera vez, de incidir directamente en la integración del Poder Judicial, en este contexto el compromiso de este Instituto es claro, garantizar que esta elección se desarrolle en condiciones de legalidad, imparcialidad y equidad”, concluyó.

A lo largo y anchi del territorio nacional, las personas que aspiran a cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) han iniciado el periodo de campañas electorales, etapa que tendrá una duración de 60 días para convencer y buscar el respaldo ciudadano.

En el Estado de México son 73 cargos del PJF los que estarán en juego el 1 de junio, por lo que las y los candidatos han iniciado su promoción a través de sus redes sociales.

La ciudadanía mexiquense podrá elegir 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 5 del Tribunal de Disciplina Judicial; 2 Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 3 Magistraturas de la Quinta Sala Regional del TEPJF; 26 Magistraturas del Segundo Circuito y 28 Juzgadores del Segundo Circuito.

La norma electoral les permite promoverse en sus redes sociales, medios digitales y propaganda electoral impresa en papel y reciclable, fabricada con materiales biodegradables.

Podrán promover su trayectoria profesional, méritos y visiones sobre la función jurisdiccional y la impartición de justicia, participar en foros de debate y recorrer sus territorios.

Pero las candidaturas tienen prohibido el financiamiento público o privado, la contratación de entrevistas en radio y televisión, ni entregar dádivas en especie o efectivo.

Para quienes busquen un cargo del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) iniciarán campaña electoral el jueves 24 de abril y concluirá el 28 de mayo, teniendo una duración de 35 días, mientras que las elecciones locales en la mayoría de las entidades durarán 30 días.

El Instituto Electoral del Estado de México dio inicio de manera formal al Proceso Electoral Judicial Extraordinario, en cual estarán en juego la renovación de 89 cargos: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 28 magistraturas, 55 jueces y jueces, y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

Cada una de las siete consejerías tomó la palabra para referir los retos, los avances y las áreas de oportunidad que tendrán a partir de la realización de este ejercicio inédito en el que 13 millones de mexiquenses podrán elegir jueces y magistrados, buscando mejorar la impartición de justicia en el Estado.

A este acto efectuado en el Consejo General del IEEM también acudió el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Consejero Jurídico, Jesús George Zamora, además de algunos integrantes del Poder Judicial, del Legislativo y de órganos autónomos, ante quienes el IEEM se comprometió a realizar una elección exitosa, confiable y pacífica.

La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez resaltó “Esta nueva oportunidad electiva abre la puerta a una democracia más fuerte. En el Estado de México tenemos conciencia de que nuestro sufragio cuenta. El proceso ya está en marcha, les invito a que desde este momento se involucren en dar seguimiento y exigir a las instituciones y les invito a que participen activamente en esta elección y decidan con su voto el mejor perfil para la impartición de justicia. Construyamos un estado de México más democrático y más participativo”.

Admitió que el órgano electoral local tendrá que operar con tiempos acotados, pues cuenta con 123 días para organizar un proceso sin definir completamente la geografía electoral o las candidaturas por lo que dijo “¡no habrá margen para errores!”.

La consejera Sayonara Flores Palacios agregó que otros de los retos que deberán atender en este ejercicio son: Evitar cuellos de botella en el proceso de votación; dar certidumbre y confianza sobre los resultados de votación debido a que no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); así como generar certeza y confianza en la asignación de constancias de mayoría.

El resto de las consejerías indicaron que otro desafío será garantizar atender y prevenir la violencia política en razón de género, observar el principio de paridad en los cargos de asignación y lograr incentivar la participación ciudadana.

A diferencia de una elección común, en este ejercicio histórico no podrán participar los partidos políticos, no habrá precampaña, no operará el PREP ni el conteo rápido, las campañas durarán 35 días y se implementará el Sistema “Conóceles” para difundir el perfil de las candidaturas.

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunirá para analizar un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, parte de la reciente reforma judicial.

Este proyecto incluye la aprobación de la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). También contempla la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y la disolución del Consejo de la Judicatura Federal, que sería reemplazado por el TDJ y un nuevo órgano de administración judicial.

Una de las principales preocupaciones del ministro es que la reforma actual pone en riesgo la independencia del poder judicial. Por esta razón, su propuesta excluye a más de 800 magistrados de Circuito y jueces de Distrito de la elección judicial, evitando así que dejen sus cargos de manera anticipada. Se estima que esta organización podría implicar un costo superior a 13 mil millones de pesos, según el Instituto Nacional Electoral.

Además, el proyecto sugiere la eliminación de la figura de jueces sin rostro y propone una reducción salarial para jueces y magistrados, aplicable solo a los nuevos ingresos. También se prevé limitar algunas facultades del TDJ y el carácter inatacable de sus resoluciones, así como la elección de jueces y magistrados en los poderes judiciales locales.

Para que el proyecto sea aprobado, el ministro González Alcántara Carrancá necesitará el respaldo de al menos ocho de sus colegas en la Suprema Corte.