El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) inhabilitó a la presidenta municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas.

Mediante un documento del TRIJAEM se precisa una falta administrativa grave descriptiva a desacato. Por lo que la sanción impuesta fue inhabilitación

En este sentido, la integrante del Partido Movimiento Ciudadano (MC) no puede desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La resolución de sentencia fue emitida el 13 de noviembre del 2024. De acuerdo con el escrito, el plazo de inhabilitación corresponde del 6 febrero al 21 de septiembre del presente año.

Lo anterior, corresponde a 7 meses, 15 días. Sin embargo, en marzo, Zuppa Villegas solicitó licencia en sesiones de Cabildo. Hasta el momento, el gobierno municipal no se ha pronunciado al respecto.

La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Larisa Ortiz Quintero, enfatizó la importancia de que el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) trate los casos relacionados con personas indígenas con un enfoque respetuoso hacia la dignidad humana.

Durante el Módulo III del Diplomado “La tutela de los derechos humanos con perspectiva de género”, impartido en la Casa de la Dignidad y las Libertades, señaló que, si bien es relevante considerar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, es necesario analizar y cuestionar los aspectos culturales para tomar decisiones informadas, ya que no todo lo que se hace en una comunidad es necesariamente parte de su cultura.

El artículo segundo de la Constitución de México establece que el país es una nación con una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Larisa Ortiz Quintero resaltó que la cultura se compone de rasgos que identifican y distinguen a un grupo humano en un lugar y tiempo específicos, y subrayó que la construcción de la cultura se encuentra intrínsecamente ligada a la comunidad. Además, enfatizó en la relevancia de la interculturalidad, que implica el contacto y la relación entre personas de diferentes grupos culturales.

La reflexión sobre la interculturalidad lleva a considerar si las relaciones entre representantes de diversas culturas en México son asimétricas y si se reconoce verdaderamente la diversidad cultural, o si prevalece la imposición cultural que tuvo lugar durante la época de colonización, donde el etnocentrismo determinaba qué aspectos eran válidos o importantes, ignorando el rico conocimiento detrás de los objetos y prácticas de los pueblos indígenas.

La especialista señaló que la interculturalidad no es un fenómeno reciente, ya que antes de la colonización, México albergaba alrededor de 400 pueblos con sus propias lenguas y compartían rasgos culturales debido a sus troncos comunes. Incluso, las diferentes culturas tenían deidades similares, aunque con nombres diferentes.

Para ilustrar sus puntos, Larisa Ortiz Quintero presentó casos prácticos que permitieron una mayor comprensión del tema. Remarcó que México como país surgió a partir de la primera Constitución de 1824 y el decreto “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos, que abolió la esclavitud y las castas, sentando las bases para la construcción de la cultura nacional mexicana con símbolos emblemáticos como la bandera, el himno y el escudo nacional.

Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), destacó la importancia del liderazgo y emprendimiento de las mujeres y la necesidad de impulsar una política de género para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Durante la “Charla entre magistradas” organizada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TRIJAEM), recordó que a partir de 2011 se expresó en la Constitución que se debía priorizar la centralidad de las personas y la igualdad, y la necesidad de compensar las asimetrías de poder y las asimetrías estructurales en las que se han visto las mujeres.

Desde 2013 se empezó a discutir y visibilizar la necesidad de valorar la posición formal y sustantiva de las mujeres en los contextos público y privado, lo que ha sido una lucha desde 1960. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos puso en contexto su valor y se dejó por escrito en la ley y la formalidad, para luego llevarlo a la parte sustantiva.

Acompañada por magistradas y magistrados del TRIJAEM, García Morón se refirió a los cambios legislativos y la forma en que se materializaron en el órgano jurisdiccional para ser punta de lanza. Fue el primer órgano jurisdiccional del país en alcanzar la paridad de género con el 52% de magistradas y el primero en ajustar su Reglamento Interno con un lenguaje de perspectiva de género.

En este contexto, García Morón precisó que se debe modificar el lenguaje en la legislación para visibilizar ciertas circunstancias, una posición, determinado objeto o persona. “Si nosotros no incluíamos en la legislación un lenguaje con perspectiva de género, seguíamos invisibles, seguíamos sin tener esa importancia en el contexto de un ámbito que cuida la legalidad”, agregó.

En la charla, mencionó que se han tenido avances y las mujeres tienen presencia y una resignificación en la vida privada y también en la vida pública, al obtener cargos de liderazgo. Sin embargo, tuvieron que pasar 33 años para que el TRIJAEM tuviera una presidenta, y en el caso de la CODHEM, después de 28 años otra mujer es titular, pero en algunos organismos autónomos todavía no lo han logrado.

Dijo que cuando las mujeres llegan a espacios de toma de decisión tienen un doble compromiso: continuar con el legado y esfuerzo de muchas generaciones y ver a las personas servidoras públicas como seres humanos. Por último, afirmó que la jurisdicción administrativa es el eje rector de la buena administración pública y la que empodera a las y los ciudadanos porque recalca los derechos que tienen y pueden hacerse valer ante una autoridad.

La tarea de las y los magistrados es actuar bajo los principios de la buena fe, de la presunción de validez y de legalidad, para lograr el bien de todas las personas con la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y en paz.

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ordenó a OAPAS que la suspensión total de agua en un predio ubicado en “El Mazapán”, se restableciera, por lo que el organismo tuvo que reconectar el servicio para no ser sancionado económicamente y/o acusado de desacato por el magistrado de la Segunda Sala Regional.

Como se recordará, en septiembre del año pasado, personal de la PROPAEM clausuró una construcción ubicada en el predio conocido como “El Mazapán”. El terreno, de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, está localizado en la zona denominada “Escalada de los Remedios”.

Con oficio DG/DC/599/2021, de fecha de noviembre 16 de 2021, personal de la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica y de la Dirección Comercial de OAPAS canceló la toma de agua, quedando con ello atendida la petición de vecinos de la colonia Las Huertas, 1ª sección.

En resolución emitida en el juicio administrativo expediente 569/2021 y acumulado 575/2021 se ordena a OAPAS reconectar el suministro de agua en un 25% en la vivienda ubicada en avenida Girasol esquina con calle Mirasol, lote 16, manzana 18, colonia Las Huertas, 1ª Sección.

El magistrado Gerardo Castrejón Carrasco dio a OAPAS un plazo de 48 horas para cumplir con esta orden o, de lo contrario, se haría acreedor a una multa de 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiente a 9 mil 622 pesos, además de ser apercibido de desacato.

Al respecto, el director general del organismo de agua, Manuel Gómez Morín, afirmó que se impugnará esa orden mediante los recursos legales disponibles.

Por Lilia González

Pese a que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) cuenta con 17 años de existencia, su titular José Martínez Vilchis refirió que es necesario que su labor sea reconocida, puesto que en la actualidad muchos ciudadanos desconocen su función.

Señaló que no obstante que el Instituto ha hecho un esfuerzo para dar a conocer los dos derechos de los que las personas gozan, como es el de protección de datos personales y de acceso a la información pública, todavía son pocas las personas que los hacen valer.

“Vamos a iniciar una campaña de difusión en medios de comunicación y otra en redes sociales para que se conozca su trabajo, y se buscará también incrementar las capacitaciones que brinda el instituto para ser más cercano”, dijo.

Respecto a la propuesta del Senador Higinio Martínez de desaparecer el Instituto, el titular del INFOEM, José Martínez Vilchis, señaló que se deben argumentar objetivamente tanto los pronunciamientos a favor como en contra, aclarando que el órgano autónomo tiene una función relevante en la entidad.

“Hay una idea de Morena de que podría haber una reagrupación en la reforma administrativa, pero yo creo que falta conocer mejor la labor que realiza el instituto. Si dice que falta que llegue a más ciudadanos, eso es cierto, porque no es fácil esa tarea, pero eso mismo le pasa al Sistema Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, son órganos menos conocidos pero su trabajo es muy importante”, recalcó.

En este sentido, comentó que se debe discutir a profundidad el por qué desaparecer o no los institutos autónomos, cómo garantizar su autonomía y cómo defender lo que establece la Constitución sobre ellos, entre otros aspectos.

“Creo que todos los órganos deben revisar su constitución, ver dónde están fallando, ver por qué razón no llegan a la sociedad y convocar a que las instituciones del estado sean receptivas con ellos, porque de lado de las dependencias luego hay mucha resistencia para aportar información”, dijo.

Reconociendo a los sujetos obligados que por iniciativa han implementado esquemas que abonen a la transparencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) otorgó reconocimientos al Poder Judicial y al Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante la ceremonia de entrega se indicó que el Infoem lanzó una convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, en la que se registraron 41 prácticas de 23 sujetos obligados, mismas que fueron evaluadas bajo los criterios establecidos por la normatividad, obteniendo el 100 por ciento del puntaje el Poder Judicial del Estado de México por su Sistema Geoestadístico, a través del cual recopiló, sistematizó y georreferenció toda la información sobre juzgados y oficinas administrativas; y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios por su práctica «Sistema Municipales Anticorrupción», en donde a través de un mapa interactivo se visualizan los grados de avance en la integración de los sistemas de cada Ayuntamiento.

Adicionalmente, se otorgaron menciones especiales a ocho sujetos obligados por construir información pública útil: al Instituto Electoral del Estado de México, por proporcionar información en las cinco lenguas originarias y por su práctica de transparencia con perspectiva de género, al promover la participación política de las mujeres; al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México por su portal de sentencia con botones de búsqueda útil; la Secretaría General de Gobierno del Estado de México por Acción Cívica/Consejo Estatal de Población/Órganos Colegiados, que brinda información útil sobre la vida cívica en el Estado, las condiciones demográficas y la operación de comités; así como a la Secretaría de Salud por sus revistas CEVECE Cerca de ti e Inteligencia Epidemiológica, sirviendo como medios de difusión en materia de control de enfermedades y áreas afines.

De igual manera, se hizo mención especial al DIF Ixtapaluca por la práctica «Farmacias Mejorando tu Salud», por poner a disposición información sobre programas de salud de forma digital y física; al Ayuntamiento de Tlalnepantla por su repositorio Covid-19; al Ayuntamiento de Toluca por su página Covid-19, Presupuesto Ciudadano, así como por la Planeación y Desarrollo Institucional; y al Ayuntamiento de San Antonio la Isla por su Protocolo PRE-ALBA, en donde se previene la violencia contra las mujeres en el municipio.

Ante la presencia de José Luis Galarza Esparza, director general de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Instituto Nacional de Transparencia (INAI); de María del Carmen Nava Polina, comisionada del INFO Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia; y de Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, Marco Antonio González Castillo, señaló que la entrega de reconocimientos de este tipo demuestran que sí hay instituciones y funcionarios que están comprometidos con ir erradicando la corrupción e ir generando una cultura responsable con la transparencia. “Si somos transparentes, seremos más eficientes, seremos más democráticos, tendremos y abonaremos mucho a la paz social”, expresó.

Además, se puntualizó que este tipo de prácticas fomentan que los ciudadanos conozcan a mayor detalle el quehacer gubernamental; incrementan la confianza social en sus autoridades y funcionarios y abonan a la articulación de esquemas de gobernanza, cuyos pilares son la participación ciudadana, la colaboración y la transparencia.

Con una votación de mayoría, el Congreso Local designó a la ex magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense, Myrna Araceli García Morón, como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

La designación de la sucesora de Jorge Olvera García fue por cuatro años, teniendo la posibilidad de ratificarse por otro periodo más.

Los diputados aseguraron que el proceso de selección fue exhaustivo, refiriendo que se registraron 8 aspirantes, pero 7 fueron quienes asistieron a la etapa de entrevista, resultando en la formulación de una terna que fue sometida al Pleno para su votación y, de la cual, la extitular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fue quien alcanzó la mayoría de consensos, obteniendo 62 votos a favor y 10 en contra.

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Lo anterior, pese a que el diputado Max Agustín Correa Hernández se manifestó a favor de someter a votación también la propuesta de José Antonio Lara Duque, la cual no fue contemplada.

De igual manera, nombraron a comisionados y comisionadas con los que se habrá de renovar al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), quedando conformado por: María del Rosario Mejía Ayala, José Martínez Vilchis y Luis Gustavo Parra Noriega, quienes durarán en el cargo 7 años; así como Sharon Morales Martínez y Gustavo Parra Noriega, con duración de 5 años.

Además, se designó a Everardo Camacho Rosales como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, recordando que en el proceso participaron 14 aspirantes, y a Nancy Pérez Garduño como Contralora General del Tribunal Electoral del Estado de México, de una lista de 18 aspirantes.