Las autoridades europeas han iniciado una investigación contra TikTok tras acusaciones de interferencia en las elecciones presidenciales de Rumanía. Los reguladores examinan si la plataforma violó las normativas digitales comunitarias al no gestionar adecuadamente los riesgos relacionados con las elecciones en un contexto de serias acusaciones de manipulación y desinformación.

La Comisión Europea, encargada de hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales, ha intensificado su revisión de la plataforma tras los recientes acontecimientos en Rumanía. La investigación se originó después de que el Tribunal Supremo del país anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde un candidato de ultraderecha, hasta entonces poco conocido, obtuvo el mayor número de votos. Este fallo judicial se dio en el marco de un escándalo que incluye acusaciones de interferencia externa, particularmente de Rusia, para promover al candidato Calin Georgescu.

Según los documentos desclasificados, Moscú habría orquestado una campaña en redes sociales para impulsar la figura de Georgescu, quien había recibido escasa atención antes de la contienda electoral. Los archivos aseguran que se gastaron grandes sumas, específicamente 381.000 dólares, en pagar a influencers de TikTok para aumentar la visibilidad del candidato. La Comisión Europea ha subrayado que, si se demuestra que la plataforma no gestionó adecuadamente estos riesgos, podría estar incumpliendo las normativas del mercado digital de la UE, que buscan proteger la integridad de las elecciones y la seguridad de los usuarios.

TikTok ha respondido a las acusaciones defendiendo sus esfuerzos por mantener la integridad de su plataforma en más de 150 procesos electorales a nivel global. La compañía asegura que ha tomado medidas para combatir la desinformación y que ha proporcionado a la Comisión Europea información detallada sobre sus políticas en este ámbito. A pesar de ello, la investigación se centrará en cómo los sistemas de recomendación de la plataforma podrían haber sido utilizados para manipular la opinión pública de manera no auténtica, así como en sus políticas sobre anuncios políticos y contenido pagado.

La Comisión Europea ha señalado que su investigación evaluará si TikTok cumplió con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales, una legislación que impone estrictas responsabilidades sobre las plataformas en línea para evitar el uso indebido de sus servicios. De encontrarse irregularidades, TikTok podría enfrentarse a medidas correctivas, que incluyen desde ajustes en su funcionamiento hasta multas que podrían alcanzar hasta el 6% de sus ingresos globales.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a 21 nuevos aliados del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de estar involucrados en la represión posterior a las elecciones presidenciales disputadas en Venezuela en julio. Entre los sancionados se encuentran funcionarios de alto nivel, como el jefe de la agencia penitenciaria del país, el director de un servicio de inteligencia y el ministro de la Oficina del Presidente. Estas medidas se suman a las sanciones previas que ya afectaban a otros miembros del gobierno, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo y varios ministros.

La decisión de Washington se produce en un contexto de tensión política en Venezuela, donde Maduro se proclamó ganador de las elecciones sin mostrar pruebas que respalden su afirmación. Por su parte, el opositor Edmundo González, quien fue reconocido por Estados Unidos como presidente electo, ha señalado que su victoria fue amplia, aunque tuvo que exiliarse en España en septiembre debido a una orden de arresto en su contra por su vinculación con la divulgación de los resultados de los comicios.

El gobierno estadounidense también adoptó medidas adicionales, imponiendo restricciones de visa a individuos que habrían participado en la represión de opositores y manifestantes tras las elecciones. Estas restricciones forman parte de un esfuerzo por presionar al gobierno de Maduro y aislar a aquellos que, según Washington, han sido responsables de violaciones de derechos humanos y de obstaculizar el proceso electoral.

El impacto de las sanciones y restricciones anunciadas no está completamente claro, ya que muchos de los sancionados continúan ejerciendo poder dentro del gobierno de Venezuela. A pesar de las medidas tomadas por Estados Unidos, los leales a Maduro siguen ocupando cargos clave en el aparato estatal, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de las sanciones a largo plazo.

En respuesta, los legisladores venezolanos han continuado discutiendo un proyecto de ley que consideraría las sanciones económicas extranjeras como crímenes de lesa humanidad. La propuesta también busca sancionar a quienes expresen apoyo a las medidas punitivas internacionales, lo que refleja la creciente tensión entre el gobierno venezolano y las potencias extranjeras que critican su manejo de la crisis política y social.