Las recientes decisiones del Poder Judicial han generado controversia luego de que se ordenara retirar a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la UIF, Pablo Gómez, expresaron su preocupación por lo que consideran un patrón de resoluciones que favorecen a personas investigadas por delitos financieros.

Durante la conferencia matutina del 1 de abril, el funcionario expuso que diversos jueces han concedido amparos para desbloquear cuentas de personas sujetas a investigaciones por lavado de dinero. Señaló que estas determinaciones permiten a los implicados seguir operando dentro del sistema financiero nacional, aun cuando enfrentan procesos judiciales.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó una sentencia previa que concedió el amparo a Gómez Mont y Álvarez Puga, permitiendo la reactivación de sus cuentas desde marzo. A pesar de que ambos cuentan con órdenes de aprehensión, la resolución judicial les ha otorgado acceso a sus recursos.

Sheinbaum cuestionó el papel del Poder Judicial en casos relacionados con corrupción y delincuencia organizada. Indicó que decisiones similares han resultado en la liberación de considerables sumas de dinero vinculadas a actividades ilícitas.

Destacó que el Senado ya ha realizado modificaciones legales, pero se prevén nuevas reformas tras las elecciones del 1 de junio para evitar que este tipo de resoluciones sigan ocurriendo.

Gómez Mont y Álvarez Puga han sido señalados por la UIF como presuntos responsables de esquemas de desvío de recursos dentro del sistema penitenciario federal.

Se les acusa de haber obtenido grandes sumas de dinero mediante contratos fraudulentos, lo que derivó en su persecución legal y su eventual huida del país. A pesar de los cargos en su contra, las recientes decisiones judiciales han permitido que sus recursos sean liberados.