Guadalupe de la Cruz

Con el propósito de apoyar al sector masculino a denunciar violencia física en su contra, la fundación ¿Y los hombres qué?, dio a conocer que cuenta con atención legal, psicológica y médica para todos los hombres que requieran del servicio.

María de Lourdes Domínguez, fundadora de la citada asociación, dijo, que han lanzado una nueva campaña de prevención de violencia en contra de los hombres, «no es que no exista este tipo de violencia entre el sector varonil, sino que no es denunciado”.

“Lo que buscamos es que el tabú que existe entre los hombres de no denunciar la violencia física que sufren por parte de su pareja sea erradicada y contribuir así a que tengan una mejor calidad de vida”, indicó.

Desde hace 10 años que lleva esta fundación hemos atendido a más de 28 mil varones quienes han acudido a solicitar el apoyo tanto psicológico como jurídico, “llega un momento como en el caso de la mujer, que ya no desean seguir siendo violentados y solicitan apoyo y acompañamiento al realizar su denuncia”.

En su oportunidad la sexta regidora del municipio de Toluca, Mariela Mora mencionó que el ayuntamiento que preside Raymundo Martínez está comprometido con erradicar la violencia en general, tanto en contra de las mujeres como del hombre.

“Según datos del INEGI cuatro de 10 hombres son violentados, pero los casos no son denunciados; hemos tenido casos de hombres que han solicitado el apoyo por ser violentados por sus parejas, quienes aceptan que no acuden a realizar las denuncias porque aun si son agredidos por parte de los funcionarios quienes se burlan y los llaman mandilones”, indicó.

La sexta regidora, precisó que lo que están haciendo como autoridad es primero, brindar el apoyo y canalizarlos a las instancias correspondientes, después se le da seguimiento a su caso, “porque la visibilidad de violencia contra el hombre también es importante erradicarlo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del informe sobre el impacto de la educación a distancia en niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19 y agradeció al representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Luis Fernando Carrera Castro, por su acompañamiento en la estrategia para el retorno seguro a clases presenciales.

Unicef ayudará a la Secretaría de Educación Pública y a gobiernos locales a implementar protocolos de sanidad y monitorear posibles focos de infección en las aulas para prevenir contagios del virus SARS-CoV-2 entre niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con Luis Fernando Carrera Castro, mil millones de menores en el mundo ya han retornado a clases presenciales, mientras que 750 millones están por volver, sin embargo aún hay 150 millones que en 18 meses no han regresado a las aulas, 37 millones son estudiantes mexicanos.

“La decisión del Gobierno de México y de ustedes como sociedad de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es, sin duda alguna, un acontecimiento importantísimo para los niños y las niñas de México, pero muy importante para el mundo (…). En el mundo entero se está celebrando este gesto”, afirmó.

La cooperación de Unicef y México se basará en cuatro pilares:

• Desarrollo de protocolos que permitan un retorno seguro con ayuda del aprendizaje a nivel internacional.
• Monitoreo de los centros educativos para la detección temprana de focos de infección y manejo óptimo de posibles contagios.
• Estrategia de comunicación precisa para brindar confianza al personal educativo, a padres de familia y a los estudiantes.
• Recuperación de aprendizajes y de normalidad para los menores.

El subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, informó que las restricciones por la pandemia y el confinamiento han generado afectaciones graves en las niñas y niños.

Durante el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron por causas relacionadas con el COVID-19 o por falta de recursos. La matrícula de educación básica se redujo 2.6 por ciento, en el nivel medio superior disminuyó en 3.1 por ciento y en el superior bajó en 0.8 por ciento.

Entre marzo y junio de 2021 se registraron máximos históricos en violencia familiar. Las niñas, niños y adolescentes sufren de violencia psicológica, sexual, física, económica y de abandono o negligencia al interior de sus hogares, informó el subsecretario.

Además, durante la pandemia se registraron 273 mil 661 nacimientos de bebés de madres adolescentes; 4 mil 401 homicidios de menores entre 2018 y 2020; y el suicidio aumentó 12 por ciento en este grupo de edad.

“Desde el ámbito de los Derechos Humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento”, detalló.

Acompañaron al presidente Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De manera unánime, los diputados y diputadas locales avalaron la tipificación del delito de pederastía, estableciendo una pena a la persona que lo cometa de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días multa.

Lo aprobado fue reformar el artículo 205 Bis del Código Penal del Estado de México, para estipular que cometerá el delito quien, aprovechándose de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

Se adiciona que si el autor del delito hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más; además perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima.

A la par, se avaló que cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Además, se establece que el autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder la duración de la pena de prisión impuesta.

Acortar tiempo de labor de consejos electorales

Por otra parte, el Congreso Local avaló también el acortar el tiempo de funcionamiento de los 45 Consejos Distritales y las 125 Juntas Municipales, a efecto que concluyan su labor una vez entregada la Constancia de Mayoría o al agotarse medios de impugnación en los tribunales electorales.

Dicha medida, se aseguró, permitirá generar ahorros por más de 97 millones de pesos si se considera que, en promedio, cada órgano desconcentrado ocupa 200 mil pesos mensuales para el pago de nómina, renta de instalaciones y para el pago de servicios, papelería, consumibles, entre otros.

Dentro de la Sesión Deliberante, los legisladores no solo aprobaron dictámenes, también presentaron iniciativas. Morena presentó una propuesta para impulsar en la entidad los mecanismos de participación ciudadana como: revocación de mandato, referéndum y consulta popular, así como el presupuesto participativo en los ayuntamientos.

Así mismo, se estima otra iniciativa para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, a efecto de que se considere en los supuestos para su otorgamiento el robo con violencia cuando no se utilice arma de fuego pero, de asegurar que se utilizó, indicó que deberá ser plenamente acreditada la existencia de la misma y ponerse a disposición de la autoridad.

El Grupo Parlamentario del PAN propuso sancionar a quien, de manera indebida, acapare, oculte o retire del comercio artículos de primera necesidad o de consumo necesario, con el objetivo de provocar el alza de los precios, estableciendo sanciones de 3 a 10 años de prisión a quienes incurran en dichas conductas.

Además, prevé elevar la pena hasta 15 años de prisión cuando estas conductas se ejecuten durante una situación de emergencia, pandemia, epidemia o contingencia sanitaria, desastre natural, crisis económica o cualquier otra circunstancia catastrófica.