El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Cuauhtémoc Blanco Bravo, en su periodo como gobernador de Morelos, incurrió en violencia política en razón de género contra la entonces diputada federal Juanita Guerra Mena, durante una ceremonia cívica efectuada en Cuautla en mayo de 2023.

La resolución fue emitida por la Sala Especializada del TEPJF, que consideró acreditadas conductas de exclusión institucional en perjuicio de la legisladora, como el impedimento para ingresar al palco de honor y la omisión en invitarla a las reuniones de planeación del evento conmemorativo del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”.

Junto con Blanco, fue sancionado Arturo Millán, quien fungía como director general de Logística y Eventos del gobierno estatal en ese momento. Ambos serán inscritos por un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), siempre que la sentencia quede firme.

El caso fue analizado tras una instrucción de la Sala Superior del TEPJF, que ordenó valorar el fondo del asunto y revocó previamente una resolución local que había desestimado los hechos. Con esta decisión, se concluyó que existieron manifestaciones de violencia simbólica y psicológica dirigidas a limitar la participación política de Guerra Mena.

Aunque la denuncia también mencionó a otros funcionarios como Edgar Riou Pérez, Rodrigo Arredondo López y Miguel Ángel Meléndez Arias, la resolución actual solo incluye sanciones para Blanco y Millán.

Este tipo de sanción puede generar consecuencias relevantes, como la inhabilitación para ser candidato a cargos de elección popular. A pesar de ello, los sancionados aún tienen la posibilidad de impugnar la decisión ante la Sala Superior del TEPJF.

En pleno debate de candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón, Esther Mejía Bolaños, candidata de Movimiento Ciudadano, ha declinado su candidatura a favor de Morena, sorprendiendo a todos los presentes. Mejía Bolaños ha denunciado ser víctima de violencia política de género por parte de su propio partido, lo cual ha llevado a su decisión.

Durante el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los candidatos Lía Limón y Javier López Casarín intercambiaron fuertes críticas, pero el momento más impactante fue la intervención final de Mejía Bolaños. En su turno, detalló su experiencia de hostigamiento y represalias dentro de Movimiento Ciudadano.

Mejía Bolaños ha anunciado públicamente su apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, así como al de Javier López Casarín, destacando la falta de respaldo que ha sentido de su partido original. Esta declaración reafirma su postura y compromiso con los ideales de Morena.

El debate, que se desarrolló en un clima de alta expectación, ha servido para que los ciudadanos de Álvaro Obregón conocieran las propuestas de los candidatos. La declinación de Mejía Bolaños ha marcado un punto crucial en la contienda, alterando significativamente el panorama político local.

En respuesta, Movimiento Ciudadano ha emitido un comunicado señalando que Esther Mejía Bolaños ya no representa al partido. Han indicado que su apoyo público a las candidatas de Morena es incompatible con su candidatura bajo el partido naranja, y que habían solicitado su renuncia.

Movimiento Ciudadano ha expresado que solicitó al Instituto Electoral posponer el debate para evitar un desequilibrio en la contienda, pero su petición no fue atendida. El partido ha manifestado su descontento con la situación, considerando que afecta la integridad democrática del proceso electoral.

Finalmente, Movimiento Ciudadano ha dejado claro que se deslinda totalmente de Esther Mejía Bolaños, subrayando que sus declaraciones y posturas no representan los valores ni los objetivos del partido. Han insistido en que su candidatura debe ser ocupada por alguien comprometido con la ideología del partido.

En una polémica confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE), Ricardo Salinas Pliego, el empresario y dueño de TV Azteca, ha anunciado que no retirará ninguna de las publicaciones que ha dirigido hacia Citlalli Hernández, una destacada política mexicana. Este enfrentamiento surge después de que el INE acusara a Salinas Pliego de involucrarse en «Violencia Política de Género» debido a sus comentarios en redes sociales.

El conflicto comenzó el 2 de septiembre cuando el INE emitió un comunicado oficial cuestionando las acciones de Ricardo Salinas Pliego. Según las autoridades electorales, sus publicaciones habían cruzado la línea de lo aceptable en el discurso político y habían incurrido en violencia política de género.

La respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar, y a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), desafió abiertamente a las autoridades electorales. En un mensaje directo, el empresario declaró: «Pues yo NO voy a bajar ni una sola de mis publicaciones… NI UNA. Soy de los 61 a los que quiere callar el INE Censurador».

Este enfrentamiento tiene sus raíces en una serie de publicaciones de Salinas Pliego que critican a Citlalli Hernández, miembro del partido político MORENA. En estos mensajes, la ha llamado «perversa» y «marrana», entre otros epítetos. Si bien el empresario ha argumentado que sus comentarios se basan en su percepción de la política y no en la apariencia física de Hernández, el INE considera que estos ataques constituyen violencia política de género.

El INE ha recordado a Salinas Pliego que ya había sido advertido previamente para abstenerse de realizar manifestaciones o expresiones que pudieran constituir violencia política en razón de género. Sin embargo, el empresario se ha negado a acatar estas advertencias y ha insistido en continuar con sus críticas y ataques hacia Citlalli Hernández.

A pesar de las reclamaciones del INE, Ricardo Salinas Pliego ha mantenido su postura y ha continuado compartiendo publicaciones y memes dirigidos a la política morenista. Este enfrentamiento ha generado un intenso debate en las redes sociales y en la esfera política mexicana sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el discurso público.
Hasta el momento, el empresario no ha dado muestras de retroceder en su desafío al INE, y el conflicto parece estar lejos de resolverse. La situación plantea preguntas importantes sobre la regulación del discurso político en las redes sociales y el papel de las autoridades electorales en la protección de los derechos de género en el ámbito político.

Este caso seguramente continuará generando debate y atención en las próximas semanas a medida que se desarrolla y se espera que tenga implicaciones más amplias en el contexto político y mediático de México.