Una multitud vestida de blanco avanzó este domingo por las calles de Cuernavaca en una marcha convocada para exigir el fin de la violencia, la impunidad y la inseguridad en Morelos. El obispo de la diócesis, Ramón Castro Castro, encabezó la movilización y denunció públicamente la presencia del crimen organizado en distintos sectores del estado.

Más de 20 mil personas caminaron desde la iglesia de Tlaltenango hasta el centro de la capital morelense, portando banderines blancos y mensajes que pedían paz y justicia. El acto culminó en la catedral de Cuernavaca, donde el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano dirigió un mensaje con fuerte contenido crítico hacia las autoridades.

Durante su intervención, el líder religioso alertó sobre la creciente normalización de la violencia y la impunidad en Morelos. Aseguró que en gran parte del estado, y en otras regiones del país, el crimen organizado ha logrado una infiltración tan profunda que muchos funcionarios públicos se ven obligados a solicitar “permiso” a los líderes criminales para realizar diversas actividades.

El obispo también lamentó el deterioro del tejido social y la afectación directa a las comunidades, mencionando casos de extorsión, trata de personas, cobro de derecho de piso, fosas clandestinas y centros de exterminio. A pesar de los esfuerzos recientes de los gobiernos federal y estatal, señaló que las condiciones de seguridad siguen sin mostrar mejoras sustanciales.

De acuerdo con cifras mencionadas durante el acto, Morelos ocupa lugares preocupantes a nivel nacional en diversos delitos: primer lugar en feminicidios y robo de vehículos, segundo en homicidios dolosos, y quinto en extorsión y secuestro, entre otros.

A lo largo de su discurso, Ramón Castro insistió en que la movilización no tenía fines partidistas ni pretendía atacar a los gobiernos en funciones, pero sí exigía resultados reales en materia de seguridad. También lanzó preguntas directas a la ciudadanía sobre su papel ante la crisis de violencia, cuestionando la falta de respuesta social ante el avance del crimen y la corrupción.

Elvis Ventura Juárez, aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nanchital, Veracruz, presentó su renuncia al cargo en medio de un clima de violencia política y señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque Ventura Juárez argumentó motivos personales para abandonar su campaña, autoridades estatales indicaron que su salida coincidió con una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, luego de que en redes sociales se difundiera un video donde un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación lo mencionó como colaborador del grupo criminal “La Mayiza”.

La gobernadora del estado, Rocío Nahle, informó que el caso se investiga como “noticia criminal” y pidió a la Fiscalía revisar los expedientes de todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral, con el objetivo de prevenir la infiltración de actores delictivos en los cargos públicos.

El entorno de violencia política en Veracruz ha escalado durante las últimas semanas. De acuerdo con informes del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 54 candidatos solicitaron medidas de seguridad ante amenazas o riesgos. La Secretaría de Seguridad Pública estatal colabora para brindar protección a quienes lo requieren.

Pese a estas medidas, dos aspirantes han perdido la vida en el actual proceso: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, y Anuar Valencia Delgado, también de Morena, en el municipio de El Arenal. En el caso de Lara Gutiérrez, OPLE informó que no existía una solicitud previa de resguardo por parte de ella ni del consejo municipal correspondiente. Las investigaciones continúan.

La violencia también ha alcanzado a otras figuras de Movimiento Ciudadano. En días recientes, se reportó un ataque armado contra la casa de campaña de Xóchitl Tress, candidata a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

Ante estos hechos, el gobierno estatal ha solicitado reforzar la presencia de la Guardia Nacional en distintas zonas del estado para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos durante la recta final de las campañas.

Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este jueves en las escalinatas del hotel Crowne Plaza, ubicado en la avenida Roberto Fulton, en el centro de Tlalnepantla, Estado de México.

Las víctimas llegaron al lugar para asistir a un evento organizado por la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), al que estaba invitado el alcalde Raciel Pérez Cruz. Al intentar ingresar, fueron atacadas por sujetos armados que, según testigos, huyeron a bordo de una motocicleta.

El ataque ocurrió minutos antes de que iniciara el evento, lo que generó pánico entre los asistentes. Elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal acordonaron la zona mientras los servicios de emergencia verificaban el estado de las víctimas, quienes ya no presentaban signos vitales.

El alcalde Raciel Pérez Cruz declaró que la violencia podría estar relacionada con la pugna por el control de las concesiones de grúas en la zona. Aseguró que desde enero han enfrentado conflictos entre empresas del sector y mencionó que algunas de estas operan bajo la fachada de asociaciones o sindicatos, pero en realidad están involucradas en actividades ilícitas como el comercio ambulante irregular y el robo de combustible.

Pérez Cruz también recordó que hace dos semanas se registró otro hecho violento en la misma zona, en el que tres personas fueron asesinadas, lo que refuerza la hipótesis de que existen conflictos entre grupos con intereses en el sector.

En el evento también se esperaba la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez. Sin embargo, tras la difusión de los hechos, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que aclaró que el funcionario no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el ataque y que continuaba con sus actividades programadas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar el móvil del crimen, mientras los responsables continúan prófugos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa para regular las corridas de toros con el objetivo de eliminar cualquier forma de maltrato animal dentro y fuera del espectáculo. La propuesta establece nuevas reglas para que los eventos taurinos puedan continuar bajo condiciones que garanticen la protección de los toros.

Entre las medidas planteadas, se encuentra la prohibición de la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, así como el uso de objetos punzantes que puedan causar heridas o sufrimiento. Solo se permitirá el uso del capote y la muleta durante la corrida. Además, los cuernos de los toros deberán contar con protección para evitar lesiones a otros animales o personas.

Otro aspecto relevante es la reducción del tiempo de cada corrida, estableciendo un límite de 10 minutos por toro y un máximo de 30 minutos en total. Con estas disposiciones, se busca transformar el espectáculo taurino en un evento libre de violencia y sin actos que prolonguen el sufrimiento de los animales.

El debate en torno a esta propuesta ha generado posturas encontradas. Mientras algunos sectores consideran que las corridas de toros forman parte de una tradición cultural, otros argumentan que la evolución de la sociedad exige la eliminación de prácticas que impliquen maltrato animal.

En el ámbito legislativo, el Congreso de la Ciudad de México someterá a votación una iniciativa ciudadana para prohibir por completo las corridas de toros. La decisión se tomará en el pleno el próximo 18 de marzo, en un contexto de discusión entre quienes defienden la continuidad del espectáculo y quienes buscan erradicarlo por razones éticas.

Con el objetivo de reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego, el gobierno federal lanzó una nueva iniciativa denominada «Sí al Desarme, Sí a la Paz». Este programa reúne esfuerzos de varias dependencias, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

La campaña está diseñada para prevenir lesiones, accidentes, homicidios, feminicidios y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Además, busca promover una cultura de paz y fortalecer la prevención social del delito.

Entrega voluntaria y beneficios
Las personas interesadas en participar podrán entregar armas de manera anónima y sin enfrentar consecuencias legales por la posesión del armamento. A cambio, recibirán un estímulo económico, cuyo monto dependerá del tipo y estado del arma entregada.

Entre los incentivos establecidos, se encuentran los siguientes:

Armas fantasmas: hasta 1,045 pesos por unidades funcionales y 260 pesos por las inutilizables.
Armas hechizas: montos entre 260 y 785 pesos, según su tipo.
Revolver y pistolas: recompensas de hasta 10,350 pesos por unidades funcionales y hasta 7,320 pesos por las inutilizables.
Ametralladoras y morteros: hasta 26,450 pesos por las útiles y 11,815 pesos por las que no funcionan.
El programa también incluye estímulos para otros tipos de armamento, como granadas, rifles y fusiles de alto calibre, además de ingenios bélicos más especializados.

Destrucción y conservación del armamento
La Secretaría de la Defensa Nacional será la responsable de recibir y procesar las armas entregadas. Mientras que la mayoría serán destruidas, aquellas con valor histórico, cultural o científico podrán ser conservadas en colecciones especializadas.

La iniciativa busca disminuir la cantidad de armas en circulación, priorizando la seguridad de las comunidades. Al fomentar la entrega voluntaria, el gobierno busca construir un entorno más seguro y promover la pacificación social en todo el país.

Un sujeto identificado como Francisco N” , fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México SSEM, luego de golpear a una mujer en Ciudad de Toluca.

Ahora, el presunto responsable quedó a disposición de autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Sobre la forma en que sucedieron estos hechos, se indicó que la policía recibió una llamada de emergencia a través del número
de emergencias el 911.

Se confirmó que una mujer fue blanco de violencia en la comunidad de San Mateo Otzacatipan.

De esta manera, hicieron contacto con la víctima, quien les informó que momentos antes el sospechoso la agredió físicamente, de inmediato, brindaron resguardo y protección a la parte afectada.

Por lo anterior, los oficiales luego de darle lectura a los derechos que la ley confiere, detuvieron a Francisco “N” de 55 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Toluca, donde se determinará su situación jurídica.

Durante la conferencis matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó avances significativos en la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Esta estrategia, que se coordina con los tres niveles de gobierno, ha beneficiado a 925 mil 187 personas mediante talleres, cursos, ferias y recuperación de espacios públicos.

Rodríguez destacó que las acciones implementadas han permitido una reducción del feminicidio en un 35.6% a nivel nacional para junio de 2024, comparado con diciembre de 2018. Además, en los últimos 15 meses, se capacitó a 28 mil 603 servidores públicos y a 20 mil 731 policías, representando el 42% de la fuerza estatal y municipal.

Entre las medidas adoptadas se encuentran el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género en el Ámbito Familiar y el Protocolo Nacional para Actuación Policial en casos de Violencia contra Mujeres y Feminicidio. Asimismo, se ha implementado un modelo integral para la sanción de las violencias contra las mujeres y el proceso de judicialización de las carpetas de investigación de feminicidios.

Las Mesas de Paz, las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) y la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y Feminicidio (CONAHO) son otros esfuerzos destacados. Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con autoridades locales y tienen como objetivo fortalecer la justicia y reducir la violencia contra las mujeres.

Desde el inicio de la administración, se creó el Gabinete de Género, enfocado en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La estrategia de seguridad también se ha fortalecido en los 15 municipios prioritarios, donde se concentra entre el 40 y 50% de la violencia feminicida, especialmente en colonias con altos índices de feminicidios, violaciones, lesiones a mujeres y violencia familiar.

La SSPC trabaja en conjunto con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Cultura y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para continuar con la disminución de la violencia feminicida. Una de las propuestas es homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades del país, dado que actualmente cada entidad lo define y aplica penas de manera distinta.

Rosa Icela Rodríguez también propuso continuar con las campañas de prevención dirigidas a las familias para evitar la violencia contra las mujeres y niñas en espacios laborales y académicos, además de erradicar la misoginia y el machismo, fomentando una cultura de respeto a los derechos de las mujeres. Además, se seguirá impulsando el programa de cuidados, resaltando que México es un país cuidador en las familias.

La conferencia también contó con la presencia de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda, secretario de Marina; David Córdova, comandante de la Guardia Nacional; y Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública.

Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una impugnación al proceso electoral 2023-2024. La panista busca que se investigue y, de ser necesario, se sancione la posible intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y la violencia e intervención del crimen organizado.

Gálvez aclaró que no solicita la anulación de la elección, sino una sanción para López Obrador por su intromisión en el proceso que concluyó con la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo 35 millones de votos.

En un documento dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, Gálvez explicó que interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con el objetivo de aportar elementos para la calificación presidencial y que se consideren sus argumentos en la sentencia.

Una semana después de que el INE concluyó los cómputos distritales, donde Sheinbaum obtuvo el 59.75% de los votos contra el 27.90% de Gálvez, la panista afirmó que la elección del 2 de junio no fue limpia ni equitativa, pues acusó al gobierno de utilizar el aparato estatal para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum.

La senadora también solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que investigue el uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum, ya que López Obrador presentó los programas sociales de la 4T como propios.

En el documento entregado al INE, Gálvez acusó que, antes del inicio del proceso electoral, el presidente utilizó las conferencias “mañaneras” para actuar como un auténtico «jefe de campaña» de Sheinbaum.

En Tila, Chiapas, 4,187 personas han abandonado sus hogares y han sido trasladadas a varios albergues en el estado tras los recientes actos de violencia provocados por grupos armados que dejaron casas quemadas, negocios saqueados y vehículos destrozados. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que dos personas fueron encontradas sin vida.

El delegado de Protección Civil en la región Chol, Juan Núñez Cancino, indicó que Tila ha quedado prácticamente desierto. Según él, solo en la unidad deportiva de Petlalcingo se han albergado a más de tres mil personas.

Muchas de las familias desplazadas han buscado refugio en las casas de familiares en municipios como Yajalón, Tumbalá, Sabanilla, Ocosingo, Comitán, y algunas incluso han llegado a San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

En el municipio vecino de Sabanilla, la Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia ha establecido un centro de acopio para ayudar a los desplazados de Tila, y ha invitado a la comunidad a mostrar su solidaridad. De manera similar, la organización Cáritas de la iglesia católica ha hecho un llamado a la población de Chiapas, México y el mundo para asistir a los desplazados por la violencia en Tila y otros municipios del estado.

Cáritas reportó que el desplazamiento de familias continúa y expresó su gratitud por la solidaridad mostrada hasta ahora. La comunidad parroquial está organizando esfuerzos para brindar atención a las personas desplazadas.

Además, la Secretaría de Salud del gobierno del estado ha enviado dos convoyes de la salud al municipio de Yajalón para atender a los desplazados. Estas unidades móviles están proporcionando servicios de consultas médicas, ultrasonido, rayos X, electrocardiogramas, laboratorio y farmacia, entre otros.

Tras sostener un encuentro con mujeres periodistas, trabajadoras del hogar, activistas, ambientalistas, académicas, entre otras toluqueñas que representan a diversos sectores sociales, la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por el Edoméx”, a la presidencia municipal de Toluca, Melissa Vargas Camacho se comprometió a emprender acciones contundentes que ayude a combatir la violencia contra la mujer y la inseguridad.

Reconociendo que Toluca es una ciudad con potencial de crecimiento y desarrollo, la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), indicó que resulta necesario darle un nuevo rostro y una visión más moderna, cuyo objetivo sea brindar bienestar a sus ciudadanos.

Refirió que hoy en día las mujeres no solamente se enfrentan a la brecha de desigualdad y a la violencia de género, sino también a múltiples hechos delictivos que se han potencializado en el último sexenio.

“En Toluca hay dos tipos de delitos que son los de mayor incidencia, el primero de ellos es el delito de violencia intrafamiliar que afecta principalmente a las mujeres y el segundo, es el delito de robo a transeúnte con violencia que por cierto en un 52% afecta más a las mujeres. Las cosas no pueden seguir así… Mi principal compromiso de campaña con ustedes y con nuestras hijas es devolverle a Toluca su seguridad, voy a hacer de Toluca la ciudad más segura del país”, resaltó.

Entre sus principales propuestas de campaña se encuentra: mejorar la policía municipal y darles salarios dignos, otorgarles seguro de vida y seguro de estudios para sus hijos, equipar las patrullas, ampliar las cámaras de videovigilancia, fortalecer el C4 y poner en marcha una app denominada “Toluca Segura” en donde la ciudadanía podría realizar llamados de emergencia, visualizar la ruta y el tiempo de llegada de una patrulla, a dónde fue remitido el presunto delincuente y qué proceso debe seguir para presentar o dar seguimiento a su denuncia.

Además de mitigar las dos alertas de violencia de género con las que cuenta el municipio, no permitir el acoso laboral dentro de la administración pública, respetar los horarios de trabajo de servidoras públicas y reactivar el programa de estancias infantiles.

“Yo confío en las mujeres porque somos más leales, más responsables, sabemos trabajar y sabemos cumplir. Se acabaron los machitos, los agresores, los violentos, bienvenida una nueva etapa para Toluca”.

Ana Muñiz Neyra se unió al Compromiso por la Paz promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Red por la Paz del Estado de México. Este acuerdo aborda siete iniciativas destinadas a combatir la violencia y fortalecer la cohesión social, priorizando la protección de la niñez y juventud, con un enfoque de derechos humanos y de género.

En sus palabras, Muñiz Neyra destacó la plena coincidencia entre este compromiso y su proyecto como abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Subrayó que cada una de sus propuestas se alinea con los derechos humanos y busca humanizar la vida social, comenzando por el derecho a la igualdad.

La candidata ratificó sus compromisos con la comunidad de San Mateo Atenco, incluyendo el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, programas para prevenir y atender la violencia de género, y la creación de una unidad especializada para casos de violencia de género. Además, mencionó la implementación del modelo «Ahora» para dar seguimiento a casos de mujeres violentadas que solicitan auxilio pero no formalizan denuncias.

Finalmente, Muñiz Neyra reiteró su compromiso con la protección y educación de niñas, niños y adolescentes, la prevención del embarazo temprano y la creación de un Centro de Prevención y Atención de las Adicciones.

Economía, violencia y uniones libres razones por las que las personas heterosexuales deciden no casarse o separarse

Aumentan los matrimonios homoparentales, en los que destacan las parejas lésbicas.

Del 2010 al 2022 ha cobrado relevancia un fenómeno en México y es el aumento de divorcios y la disminución de matrimonios, pues de acuerdo al INEGI la tasa de separaciones aumento del 15.1% a 32.9% por cada 100 uniones registradas.

Estos datos nos revelan que, en promedio, los matrimonios que terminan en divorcio registran una duración de casi 18 años. Es curioso que los divorcios ocurren con mayor frecuencia en vísperas del cuarto piso, siendo la edad promedio de divorcio de mujeres de 36.6 años y la de hombres de 38.3 años.

Pero no nos alarmemos, pues aún la figura del matrimonio existe y se mantiene fuerte en nuestro país, pero ya no con la fuerza y el porcentaje en el que se vivió en la época de nuestros abuelos, pues solo el 36.9% de los mexicanos están casados; 33.1% están solteros y 17.8% están en unión libre, mientras que el 12.2% restante refiere a la población viuda, divorciada, separada o que no especificó su situación conyugal.

Es decir, solo 4 de cada 10 mexicanos mayores de edad prefieren casarse, para algunos las razones de esta tendencia son la economía, pues la misma cantidad de dinero de hace 20 años no te permite comprar y adquirir la misma cantidad de productos de la canasta básica, el pago de servicios y otros gastos que devienen de vivir en pareja o con hijos.

Por otro lado, las políticas de genero que se han llevado en el país, si han permitido que cada vez se denuncie la violencia intrafamiliar y se deje de normalizar conductas machistas y patriarcales, lo que permite que se distribuyan de manera mas equitativa las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, además de que muchas mujeres prefieren desarrollarse profesionalmente y cumplir sus metas antes de pensar en casarse y tener familia.

Es de destacar que, a diferencia de las personas heterosexuales, las personas diversas si se estén casando y tengan un aumento significativo de matrimonios en el estado mexicano, esto obedece a que son uniones, pensadas y buscadas que duraron muchos años tratando de concretarse cuando aún no se tenía la posibilidad de casarse por la imposibilidad legislativa de sus entidades.

De acuerdo al INEGI la tasa más alta de matrimonios igualitarios en el año 2022 fue la Ciudad de México con 610 matrimonios entre hombres y 631 entre mujeres, seguida por Jalisco con 321 matrimonios entre hombres y 418 entre mujeres y Baja California con 179 matrimonios entre hombres y 220 entre mujeres.

Como podemos ver la unión entre mujeres ha incrementado y hay estados como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Sonora en los que los matrimonios entre mujeres superan en número a los matrimonios entre hombres, habrá que ver si dicha correlación se mantiene en unos años y de ser así, ver que hacen bien las parejas homoparentales que les permite durar y casarse en mayor numero que las heterosexuales, donde el entendimiento más igualitario entre los conyugues pudiera ser una de las razones mas importantes.