Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de tomar el control de la Franja de Gaza han generado un amplio rechazo en la comunidad internacional. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mencionó su visión de convertir Gaza en un centro turístico, lo que provocó reacciones adversas de distintos gobiernos y organismos internacionales.

Desde Oriente Medio hasta Occidente, la respuesta ha sido unánime. Gobiernos de países aliados de Washington, como Francia y Australia, han expresado su oposición a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina, calificándolo como una violación del derecho internacional. En la misma línea, Egipto y Jordania han rechazado categóricamente la posibilidad de reubicar a los más de dos millones de habitantes de Gaza en otros países de la región.

China también se ha pronunciado a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, enfatizando su postura contra el traslado forzoso de la población palestina y respaldando la idea de que Palestina debe gobernarse a sí misma. De igual manera, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha recordado que el desplazamiento de poblaciones en territorios ocupados está prohibido por el derecho internacional y ha insistido en la necesidad de paz y seguridad para israelíes y palestinos.

En el ámbito académico y político, también han surgido críticas. Khaled Elgindy, profesor de la Universidad de Georgetown, ha cuestionado las verdaderas intenciones de Trump, planteando interrogantes sobre la viabilidad de su propuesta y los intereses que podría servir. Desde el Congreso de
EE.UU., figuras como el senador Chris Van Hollen han calificado el plan como una forma de limpieza étnica, mientras que Halie Soifer, del Consejo Democrático Judío de Estados Unidos, ha subrayado que la idea de desplegar tropas en Gaza es irreal y extrema.

Las implicaciones de estas declaraciones siguen generando debate y preocupación en el escenario político internacional. Diversos actores continúan manifestándose ante la posibilidad de cambios en la situación de Gaza y sus habitantes.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado al gobierno mexicano para investigar la violencia registrada durante el proceso electoral de este año. Esta solicitud se dio a conocer en el 56° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Türk instó a las autoridades mexicanas a garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia y asesinatos ocurridos durante el periodo electoral, incluyendo los casos que involucraron a políticos.

También destacó los riesgos que enfrentan a nivel global la prensa y los activistas. Señaló que los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que denuncian violaciones y abusos continúan, y subrayó la necesidad de mejorar su protección.

Causa en Común, una organización de la sociedad civil, informó que desde junio de 2023 hasta el 3 de junio de este año, 63 actores políticos fueron asesinados, de los cuales 37 eran aspirantes o candidatos.

El alto comisionado presentó datos actualizados en su informe global, indicando que en 2023 fueron asesinadas 114 personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios en todo el mundo. Según datos de la UNESCO, 72 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2023, incluyendo siete mexicanos.

Además, expresó preocupación por el alto índice de asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas, con 42 muertes registradas en 11 países. La mayoría de estas agresiones ocurrieron debido a la defensa del medio ambiente, territorios y recursos.

Finalmente, Türk manifestó su inquietud por los ataques verbales, amenazas y represalias contra instituciones y mecanismos internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas en su conjunto.