Fan ID y la deuda pendiente con la protección de nuestros datos
En un país donde millones de personas entregan cada día fragmentos de su identidad para acceder a un servicio, abrir una cuenta bancaria, recibir atención médica o simplemente ingresar a un estadio de fútbol; la protección de los datos personales dejó hace mucho de ser un asunto técnico, hoy es un derecho humano cuya defensa define la fortaleza de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía.
El reciente caso relacionado con el sistema Fan ID de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) representa uno de los episodios más delicados en la historia reciente de la protección de datos personales en México, no únicamente por la histórica sanción económica impuesta por la autoridad competente al acreditarse irregularidades en el tratamiento de datos personales sensibles, sino porque alrededor del procedimiento surgieron denuncias que golpean el corazón mismo de la institución creada para garantizar ese derecho.
La FMF presentó denuncias por un presunto intento de extorsión contra funcionarios del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). De acuerdo con la información hecha pública, representantes de la Federación señalaron que durante el desarrollo del procedimiento administrativo habrían existido solicitudes indebidas vinculadas con beneficios relacionados con la Copa Mundial de Fútbol, las acusaciones motivaron investigaciones administrativas y penales que continúan su curso y cuyo resultado deberá ser determinado exclusivamente por las autoridades competentes.
La gravedad del asunto no radica únicamente en la existencia de las denuncias, lo verdaderamente preocupante es el profundo impacto que generan sobre la confianza ciudadana, cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales aparecen vinculados, aunque sea de manera presunta, con actos contrarios a la legalidad, la percepción social se erosiona y el daño institucional trasciende a las personas involucradas.
Paradójicamente, el mismo expediente permitió demostrar que la protección de datos personales sigue funcionando cuando las instituciones actúan conforme al derecho, el procedimiento iniciado por el entonces INAI fue continuado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que concluyó la investigación e impuso una multa histórica a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales sensibles obtenidos mediante el sistema Fan ID; el mensaje institucional fue claro: ninguna organización, por poderosa o popular que sea, puede situarse por encima de la ley cuando se trata de la privacidad de las personas.
Más allá de las cifras y de los titulares, el caso obliga a una reflexión mucho más profunda, cada fotografía, cada huella biométrica, cada reconocimiento facial y cada dato personal que compartimos constituye una parte irremplazable de nuestra identidad; a diferencia de una contraseña, un dato biométrico no puede cambiarse cuando ha sido utilizado indebidamente, su pérdida puede acompañar a una persona durante toda su vida.
Por lo anterior, la protección de los datos personales no debe entenderse como un privilegio reservado a especialistas o abogados, es una causa ciudadana, cada mexicano tiene derecho a saber quién posee su información, para qué será utilizada, cuánto tiempo permanecerá almacenada y qué mecanismos existen para exigir su eliminación cuando la ley así lo permita.
Las investigaciones derivadas de las denuncias contra exfuncionarios del INAI deberán llegar hasta sus últimas consecuencias, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, la transparencia exige sancionar con firmeza cualquier conducta ilegal, pero también evitar condenas anticipadas que sustituyan la labor de los tribunales.
La mayor lección que deja este episodio es que ninguna institución es inmune a la corrupción, pero tampoco ningún acto indebido debe quedar oculto cuando existen mecanismos para investigarlo, la fortaleza del Estado democrático no consiste en presumir instituciones perfectas, sino en demostrar que incluso quienes vigilan el cumplimiento de la ley pueden ser llamados a rendir cuentas.
La confianza pública tarda décadas en construirse y apenas unos instantes en perderse, recuperarla exige algo más que discursos: requiere instituciones íntegras, servidores públicos honestos y ciudadanos informados que comprendan que la defensa de sus datos personales es, en realidad, la defensa de su propia dignidad.
Porque detrás de cada expediente no hay únicamente documentos digitales, hay nombres, rostros, familias e historias de vida, y cuando la confianza se vulnera, no se extravía un archivo, se hiere uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la democracia.
