Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
*Consejería Jurídica del GEM estima resolución
de la corte en el mes de diciembre.
*Poder Ejecutivo mantiene congelada activación
de Ley de Uso de la Fuerza Pública.
El Gobierno del Estado de México confió que a más tardar en diciembre se resuelvan los tres recursos de anticonstitucionalidad promovidos contra la ley que regula el uso de la fuerza pública local, para aplicar tal cual la norma o modificar algunos artículos, pues desde el 3 de octubre el caso está en el pleno de los asuntos pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Consejera Jurídica del Ejecutivo estatal, Luz María Zarza Delgado confirmó que aún no existe fecha y continúa siendo aplazado el análisis, revisión y conclusión del contenido del proyecto que busca regular el actuar de los policías en manifestaciones o protestas, pero se mantendrán atentos de la misma.
Reafirmó la tesitura de la administración estatal de estar en la disposición si lo exige la Suprema Corte de modificar la totalidad o algunos artículos de la también llamada “Ley Atenco”, aunque –afirmó- que esperan que la resolución favorezca al estado.
“Ya lo tiene en el listado así que estamos atentos a ver en qué sesión sale (la ley que regula el uso de la fuerza) bueno esperando que ojalá confirme la constitucionalidad de la ley, siempre desde el principio el señor gobernador dijo que si había un artículo que la redacción no fuera correcta o fuera mal interpretado con todo justo lo reformaríamos”, reiteró.
Luego de que el pasado 18 de marzo se publicará la normatividad de la Regulación de la Fuerza Pública, partidos de oposición y asociaciones condenaron la ley al calificarla de opresora, posteriormente promovieron una queja antes los derechos humanos, aunque a la acción se sumó la administración estatal.
Posteriormente, la Cámara de Diputados y Morena presentaron ante la SCJN dos de los tres recursos de anticonstitucionalidad.
La funcionaria estatal, Zarza Delgado reprochó que a pesar que la Ley se presentó derivado de la exigencia de las organizaciones civiles a partir del caso Atenco, aún existan detractores de la misma y defendió que contrario a lo que se acusa la norma buscará controlar el actuar de los oficiales.
“Esa ley no es una iniciativa del gobernador, sino una solicitud de las organizaciones civiles, entonces atiende esa solicitud y resulta que se mal interpreta, se tergiversan las cosas y se considera que es violatoria de derechos humanos, pues ellos si mencionaban (que eran todos los artículos) violatoria”, lamentó.
Recalcó que pese a la controversia generada en el tema, el gobierno estatal esperará la resolución de la SCJN para poner en vigor la ley que Regula el Uso de la Fuerza Púbica, acción que -adelantó- se daría en este mismo 2016.
La SCJN subió al pleno el análisis y resolución de la norma el 3 de octubre, pero continúan sin ser tomada en cuenta, pues es el último de los casos que estableció atender.
