Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
*Considera ombudsman estatal sobre difusión de material
gráfico en homicidio del juez Antonio Bermúdez.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) afirmó tener la facultad de investigar en caso de presentarse una denuncia sobre la filtración de la ejecución del juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ya que -indicó- se vulneró la privacidad de la víctima y posiblemente se afectó a las investigaciones.
En entrevista, el ombudsman mexiquense, Baruch Delgado Carbajal, reportó que a la fecha no se tiene una solicitud en el caso, no obstante, dijo que la CODHEM está abierta para atender y en su momento iniciar indagatorias en el tema.
Precisó que pese a que no se guardó la secrecía de las imágenes del asesinato, el material no debe ser descartado como parte de las pruebas para resolver la muerte del juez federal, ésto porque lo consideró clave para orientar el actuar de los jueces y que no quede impune el delito.
“No lo tenemos hasta la fecha (una denuncia por el juez federal), estamos atentos si algún interesado presenta una denuncia estimulado por alguna violación a un derecho humano, a la intimidad o al debido derecho, pues podemos nosotros investigar también…desde luego que se puede afectar el derecho a la intimidad de las personas y se puede entorpecer las investigaciones”, explicó.
A dos semanas de los hechos y de la filtración del video, la Judicatura federal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja al seno de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para que se proceda contra los responsables de vulnerar la secrecía del material de prueba del delito.
Lo anterior porque alertó que podrían quedar invalidadas las imágenes al romperse la cadena de custodia y presunción de inocencia, que posiblemente derivaría en que quedara impune el caso.
Mientras tanto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), Eduardo Valiente Hernández, garantizó que que el Sistema de videovigilancia estatal, integrado por más de 10 mil cámaras, cuenta con un protocolo de protección para garantizar la secrecía de las imágenes.
Evitó hablar sobre si a partir del caso del juez federal se vayan a redoblar las acciones, pero aceptó que la filtración de material audiovisual es un tema delicado, pues puede constituir un delito por parte de los servidores públicos.
