Lilia González
Con 54 votos a favor, una abstención y 20 en contra, el Congreso del Estado de México aprobó la minuta de Reforma al Poder Judicial remitida por el Senado, la cual recorta privilegios a servidores judiciales, da ‘luz verde’ a la elección popular de jueces, ministros y magistrados; reduce de 9 a 11 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y crea el Tribunal de Disciplina Judicial.
Si bien, en la periferia de Palacio Legislativo se manifestó un grupo de ciudadanos en contra de la Reforma Judicial, al interior del Congreso se discutía ampliamente el trasfondo de la propuesta del Ejecutivo federal.
Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo fueron en la misma sintonía que sus homólogos en el plano nacional, respaldaron y defendieron la reforma asegurando que con ella se termina una época de oligarquía, los excesos, la impunidad y los actos de corrupción.
“La reforma integral del Poder Judicial fortalecerá el estado de derecho, asegurando que las leyes se apliquen de manera uniforme, existe confianza en que dará cause a las exigencias del pueblo de México. Es momento de trabajar juntos por la justicia”, señaló Vanessa Linares Zetina, diputada del PVEM.
En contra se manifestaron las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al indicar Omar Ortega Álvarez que esta propuesta representa un retroceso y viola la autonomía del Poder Judicial, y por parte de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Zepeda la calificó como un intento de “controlar, someter y dominar al Poder Judicial” y recalcó que si bien, se demanda justicia y es necesario mejorar el sistema, la propuesta de ninguna manera es la solución porque no es una reforma integral que surja de escuchar ampliamente a todos los sectores.
Por parte de Acción Nacional (PAN) Pablo Fernández de Cevallos afirmó que la propuesta no buscó fortalecer la justicia sino manipularla “Expresamos nuestro profundo rechazo a esta reforma porque es un duro golpe de estado, la vemos carente y vacía de propuestas serias. Esta reforma busca concentrar mayor poder en el Ejecutivo y eliminar los contrapesos que garantizan independencia al Poder Judicial”, expresó, en tanto, el priista Elías Rescala Jiménez advirtió que el proceso electivo de jueces y magistrados será costoso y complicado, proyectando un gasto estimado de 22 mil millones de pesos.
Finalmente, la priista Paola Jiménez se abstuvo en la votación justificando que no hay claridad, los requisitos para ser elegible se vuelven laxos en tanto a la profesionalización, expertiz y meritocracia “Son indiscutibles los fines de la reforma, lo que hay que resolver es la posibilidad de resolver los medios donde se deben replantear los mecanismos.
