* Mintió durante la indagación del Congreso sobre
el trasiego ilegal de armas a México.
Washington.- Un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgado ayer acusó al exfiscal general Eric Holder y su Departamento de Justicia de encubrir la Operación Rápido y Furioso y mentir durante la indagación del Congreso sobre el trasiego ilegal de armas a México.
El reporte de casi 300 páginas indicó que el Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, trató activamente de esconder los hechos a la familia de Brian Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza que murió el 14 de diciembre de 2010 en un tiroteo entre miembros de esa agencia y miembros de un cartel del narcotráfico.
Terry murió debido a los disparos de una arma del operativo «Rápido y Furioso» que permitió a delincuentes comprar armas en las tiendas de la zona de Phoenix, Arizona, con la intención de rastrearlas una vez que estuvieran en México y que fue implementado por la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF) entre 2006 a 2011.
El sospechoso de darle muerte, Heraclio Osorio-Arellanes, fue detenido en abril pasado gracias a un trabajo conjunto de fuerzas policiales de Estados Unidos y México.
Pero la ATF perdió la pista de más de mil 400 de las dos mil armas y sólo dos fueron encontradas en la escena del asesinato de Terry.
«La obstrucción del Departamento de Justicia a la investigación del Congreso contribuyó a que la familia Terry no pudiera encontrar respuestas», señaló el nuevo informe.
Indicó que el Departamento de Justicia sabía antes de la muerte de Terry que la ATF estaba «dejando pasar» las armas a México y que un día después de su muerte algunas de esas armas estaban involucradas en el tiroteo en el que murió, pese a que lo negó en medios de comunicación.
El reporte también señaló que Holder esquivó las preguntas del senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, y engañosamente le dijo que la ATF hacía «todo lo posible para interceptar» las armas adquiridas por terceras personas para los delincuentes, un método popular de compra entre los cárteles de drogas.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también celebró una audiencia este miércoles sobre el extenso informe del panel en la que participaron Grassley, la madre del agente Terry, Josephine, su vocero Robert Myer y el agente de la ATF que reveló el escándalo, John Dodson.
Dodson dijo que debido a las revelaciones que hizo tuvo que enfrentar represalías «de altos niveles» de la ATF y del Departamento de Justicia y aseguró que hay una lista de personas que conocen más sobre «Rápido y Furioso» pero que temen hablar por represalias. Josephine exigió con lágrimas en los ojos y un retrato de su hijo en uniforme militar «respuestas completas» en el caso al señalar que «nuestro país merece la verdad, sin importar cuán embarazoso sea».
Robert Myer, primo de Terry y vocero de la familia, pidió al gobierno de Donald Trump revisar el «privilegio ejecutivo» en relación con la Operación para que sean liberados más documentos que están sellados sobre la operación.
La jueza federal Amy Berman dictaminó en 2016 que la Casa Blanca no puede invocar ese privilegio y debe entregar al Congreso documentos conectados con «Rápido y Furioso».
