Redacción
Desde que Juan Zepeda Hernández asumió la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, su administración ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en el uso del presupuesto asignado al partido. Diversos reportes indican que Zepeda ha destinado recursos a contratos con empresas que, además de tener vínculos cercanos con el partido y sus miembros, presentan irregularidades tanto en sus actividades como en sus domicilios registrados. Se estima que el monto comprometido asciende a, al menos, 40 millones de pesos, distribuidos entre contratos a proveedores cuya existencia y capacidad operativa han sido objeto de escrutinio.
Uno de los principales proveedores implicados es Comercializadora Betina S.A. de C.V., representada legalmente por Marco Antonio Puente Berumen, quien también se ha desempeñado como precandidato a diputado y candidato a regidor por el partido. Esta empresa ha recibido contratos valuados en más de 32 millones de pesos entre 2020 y 2023 por diversos servicios. Sin embargo, los domicilios que la empresa ha registrado, en la colonia Del Valle en la Ciudad de México y en Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado de México, corresponden a una vivienda particular y a un local sin características de oficina. De igual forma, se menciona que Puente Berumen tiene vínculos con Grupo Empresarial Keter San Miguel & Asociados S. de R.L. de C.V., empresa que ha compartido domicilio con Comercializadora Betina y que ha recibido contratos por venta de equipo al municipio de Chalco, en el Estado de México.
Además, Comercializadora Betina ha realizado trabajos para otros municipios, como Chalco, y se le han adjudicado contratos para la renta de inmuebles, incluso vinculándose con la sede de Movimiento Ciudadano en Nezahualcóyotl. Las actividades registradas en su RFC, que van desde servicios de contabilidad hasta la preparación de alimentos para eventos especiales, no parecen alinearse con los servicios de impresión, elaboración de artículos promocionales, y cursos de capacitación política que el partido le ha contratado.
LAI ANG S.A. de C.V., otra empresa que se encuentra en la lista de proveedores de Movimiento Ciudadano, ha obtenido contratos por 10 millones de pesos bajo el liderazgo de Zepeda. La empresa, representada legalmente por Martín López Romero, ha sido señalada por compartir el patrón de domicilios en viviendas particulares, específicamente en Loma Bonita, Nezahualcóyotl, donde no hay indicios de actividad empresarial alguna. Según informes, los servicios contratados incluyen la producción de camisas de diferentes colores y artículos personalizados, así como la impartición de cursos de capacitación, sin que haya evidencia concreta de que tales servicios se estén prestando. López Romero también figura como representante de otra empresa denominada Mavise Construcciones de Obras Civiles S.A. de C.V., la cual ha recibido fondos de varios municipios, incluyendo Tlacotepec de Mejía, Veracruz, y Actopan, Hidalgo.
Los contratos de estas empresas y su presunta incapacidad para operar en los rubros declarados han llevado a cuestionar su legitimidad. En varios de los casos, se ha documentado que los domicilios registrados corresponden a tiendas de conveniencia, como Tiendas 3B, y locales comerciales que no coinciden con instalaciones empresariales adecuadas para el tipo de servicios supuestamente prestados. Estas inconsistencias sugieren que las empresas podrían estar funcionando como fachadas para desviar fondos asignados a Movimiento Ciudadano.
Asimismo, se ha identificado a Alejandro Fragoso Ortiz como un beneficiario adicional de este esquema de contratación, en donde ha facturado 1.7 millones de pesos a Comercializadora Betina. Fragoso ha trabajado en contratos con los municipios de Ixtapaluca y Chalco, pero no se tiene constancia de servicios que justifiquen estos montos. Otros nombres vinculados a la contratación de servicios para Movimiento Ciudadano incluyen a Julio Fragoso Díaz, militante de MORENA, y a Samara Amairani Aguilar Maldonado, accionista en Comercializadora Betina, quien también ha sido contratada por el partido para servicios de reparación de vehículos.
Otra empresa cuestionada es Comercializadora y Proyectos Mafami S.A. de C.V., dirigida por Héctor Magdino Ramales Reyes. Esta compañía ha obtenido contratos con Movimiento Ciudadano desde 2021 y tiene un historial de adjudicación de contratos en el municipio de Chalco. Ramales Reyes, al igual que Puente Berumen, se ha postulado como candidato a cargos de elección popular, lo que plantea posibles conflictos de interés en la asignación de contratos. La empresa ha sido investigada previamente por la emisión de facturas y comparte las mismas señales de empresas fachada que se han observado en otros proveedores del partido.
Texocpalco S.A. de C.V., también ligada a Comercializadora Betina, ha recibido fondos del municipio de Chalco y está implicada en una red que podría estar operando para triangulación de recursos, desviándolos entre el partido y los municipios donde tiene influencia. Del mismo modo, Arturo Méndez Jiménez y Nemesio Alejandro Méndez Jiménez, contratados por Movimiento Ciudadano y la Alcaldía Cuauhtémoc, presentan registros que no coinciden con las actividades de personas físicas, lo que incrementa la sospecha sobre la transparencia de los contratos asignados bajo la administración de Zepeda.
Los contratos otorgados a estas empresas presentan una serie de irregularidades, tanto en los servicios declarados como en la autenticidad de las empresas mismas. La falta de domicilios adecuados, las actividades económicas no alineadas con los servicios prestados y la posible relación familiar y política de los representantes de las empresas con los miembros de Movimiento Ciudadano generan dudas sobre la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos asignados al partido. Este caso refleja la necesidad de una revisión exhaustiva y la implementación de medidas de transparencia en la administración de los fondos públicos que se canalizan a través de partidos políticos en el Estado de México.
