Redacción
La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para sancionar una modalidad de violencia económica dentro de las relaciones sentimentales, conocida como ‘estafa romance’. La propuesta busca reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital y modificar el Código Penal para tipificar este tipo de fraude como una nueva forma de agresión contra las mujeres.
El planteamiento surge como parte de las acciones para combatir la violencia económica, una problemática que afecta a miles de mujeres en el país. La iniciativa propone establecer un marco legal que impida que los agresores justifiquen estos actos bajo la idea de acuerdos de pareja o préstamos voluntarios. Con ello, se pretende ofrecer mayor respaldo a las víctimas y generar herramientas jurídicas que permitan denunciar estos abusos sin temor a que sean desestimados.
Según la legisladora, este tipo de fraude se basa en la manipulación emocional y el abuso de confianza, aprovechando la idealización del amor romántico para obtener beneficios económicos. Las víctimas suelen ser mujeres mayores de 40 años, con independencia financiera y en situaciones de viudez o divorcio, quienes son identificadas como blanco de estos engaños. Además, el fenómeno se ha intensificado con el uso de redes sociales y herramientas digitales, facilitando el contacto entre los agresores y sus objetivos.
Uno de los principales obstáculos para visibilizar la ‘estafa romance’ es que muchas víctimas no denuncian debido a la vergüenza o al temor de ser juzgadas, tanto por su entorno como por las autoridades. En este sentido, la diputada subrayó la importancia de generar conciencia sobre esta problemática y fortalecer el marco legal para evitar que los casos sean minimizados o ignorados.
La iniciativa aún se encuentra en proceso de discusión y requiere de un dictamen para su eventual presentación ante el pleno del Congreso local. Se estima que el análisis y debate legislativo podría extenderse por un periodo de seis meses antes de su posible aprobación. Con esta reforma, se busca garantizar que las mujeres cuenten con mecanismos de protección frente a este tipo de violencia económica y prevenir que más personas sean víctimas de estos fraudes.
