Almoloya del Río- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la intervención de Geovani Castro Segura en los delitos de trata de personas, en la hipótesis de almacenamiento de fotografías y videos con contenido de actos sexuales o de exhibicionismo corporal, así como trata de personas, en la hipótesis del que someta a una persona para producir material pornográfico en agravio de una adolescente, por lo que fue sentenciado a 26 años y un mes de prisión.
De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense se determinó que durante el mes de julio del año 2020 el ahora sentenciado obligó a una adolescente de entonces 15 años a producir material con contenido de pornografía: videos e imágenes que este individuo almacenó a través de correos electrónicos.
Días después, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), por sus siglas en inglés, detectó mediante reportes CyberTipline Record, de servicios electrónicos o en línea “Google”, que un usuario que habitaba en el municipio de Almoloya del Río había almacenado videos e imágenes con contenido de pornografía, por lo que informaron a la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, quien denunció este delito ante la Fiscalía mexiquense.
Esta Institución llevó a cabo actos de investigación de gabinete, campo y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el responsable; mandamiento judicial que fue cumplimentado el 17 de junio de 2022.
Geovani Castro Segura fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a disposición de la Autoridad Judicial, quien luego de revisar los datos de prueba recabados, aportados y expuestos por esta Representación Social, y tras proceso legal, le dictó esta condena.
Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar multa de 1 millón 854 mil 453 pesos y 146 mil 744 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Aunado a ello el Juez ordenó la destrucción de la evidencia que contenga pornografía infantil.
