- Diputado Salinas, que ha comprado predios en la zona, aboga por ejidatarios de Lerma.
El diputado Javier Salinas, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la legislatura mexiquense, propuso integrar una comisión parlamentaria especial de seguimiento con facultades para participar en la búsqueda de soluciones del conflicto provocado en Xochicuautla por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Conforme al Punto de Acuerdo presentado ante el pleno y remitido a la Comisión de Legislación y Administración Municipal, los diputados que integren este equipo plural además garantizarán que se cumplan los acuerdos suscritos por las autoridades con habitantes de Xochicuautla, la integridad de los comuneros y la seguridad de sus bienes.
“Que el Gobierno del Estado de México garantice la seguridad de los bienes y de los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, como lo consagra la Constitución General de la República, tratados internacionales firmados por nuestro país -como el Convenio 169 de la OIT- que son vinculantes en materia de derechos de las Comunidades Indígenas”, plantea.
Entre los acuerdos suscritos entre las partes del conflicto, recordó, se encuentran la suspensión de los trabajos para la instalación de mesas de diálogo y análisis –con la participación de asesores de la comunidad- que permitan encontrar una solución al conflicto y evitar un estallido social.
Además, la atención de las afectaciones ocurridas el 11 de abril y la reparación del daño al señor Armando García Salazar y su familia –a quien le fue demolida su vivienda- por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México.
El gobierno estatal también se comprometió a reparar las tuberías de agua de la comunidad y a garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes, sin que ello signifique una presencia de elementos de la Policía Estatal mayor a la necesaria para resguardar la maquinaria.
El legislador perredista recordó que dos amparos respaldan la suspensión definitiva de la obra y existen medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para salvaguardar las garantías constitucionales de los comuneros.
“Pareciera existir una razón más allá de las necesidades de comunicación existentes, al pasar por encima de decisiones judiciales ya emitidas, motivaciones que hacen pensar en un compromiso económico adquirido por parte del Gobierno del Estado de México con la empresa constructora. Y se vuelven más sospechosas a la luz de conflictos de interés recientes con empresas constructoras y administradoras de autopistas en la entidad”, señaló.
Lo anterior, expuso, porque resulta innecesaria la exhibición de uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales, “como queriendo amedrentar a una comunidad que lleva años en lucha y que no está dispuesta ni lo estará a declinar en su derecho sobre la tierra”.
Salinas Narváez, diputado por el distrito en que Xochicuautla se asienta, recordó que desde hace ocho años los habitantes de la comunidad otomí se han opuesto a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por considerarla injusta, invasiva de sus tierras y destructora del medioambiente.
“Tras años de lucha, cada vez que la autoridad ha intentado revivir el proyecto se ha encontrado con la férrea defensa de los campesinos indígenas sobre sus tierras porque les asiste la historia, la razón y la justicia. No se trata de un mero capricho o de una oposición retrógrada a una supuesta modernidad, sino de una respuesta legítima frente a la vulneración de sus derechos como Pueblos Indígenas Originarios que han pedido que la vialidad se construya en otra ruta que no vulnere su suelo”, abundó.
