La Paz, Méx.- Ejidatarios de Santa Magdalena Atlicpac piden la intervención de la Procuraduría Agraria para terminar con la sobreexplotación de la minas del ejido; así como reconocer la tierra que le corresponde a cada ejidatario e impedir que manos ajenas sigan teniendo el control del núcleo ejidal.
Los 174 ejidatarios no han podido ver reflejados sus ingresos de la explotación de las dos minas y una asfaltadora de su propiedad, en el ejido localizado en el poblado de La Magdalena Atlicpac; además de ello, los campesinos no han podido recibir el certificado de propiedad que los acredita como dueños, supuestamente porque el Comisariado Ejidal no le ha dado trámite a la petición.
Cada uno de los ejidatarios pagó ocho mil 300 pesos para que el ejido les entregue tres mil metros cuadrados que les compete; «en total los comuneros pagaron alrededor de un millón 200 mil pesos y el Comisariado Ejidal no ha entregado las tierras a sus propietarios».
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) debe intervenir y canalizar al Registro Agrario Nacional (RAN) y al Tribunal Agrario, con sede en Texcoco, el asunto para que les den una respuesta favorable e incluso en esas dependencias les aseguran que no hay un trámite para la repartición de sus tierras.
Dijo que la repartición entre los ejidatarios de los más de 450 mil metros cuadrados de tierra no se ha podido llevar a cabo debido a que el excomisariado Ejidal, Félix Romero, y el actual dirigente, David López Carranza, no hicieron nada para proteger el patrimonio de los ejidatarios.
Las propiedades de los ejidatarios son manejadas por exservidores públicos priistas, por lo cual, tanto las minas «Larga de Tezontle» y «La Tejolota», de donde se extraen materiales pétreos, y la asfaltadora denominada «Escalerillas» son explotadas sin que los ingresos sean repartidos entre los campesinos.
