* Por presunta violación a sus garantías, luego de ser juzgada
por instancias locales y federales por los mismos hechos.
La diputada local con licencia, Eva Cadena, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por presunta violación a sus garantías, luego de ser juzgada por instancias locales y federales por los mismos hechos y presunciones.
«Esta queja tiene por objeto que esta institución se pronuncie sobre la legalidad de las investigaciones iniciadas en mi contra, concretamente en torno al doble enjuiciamiento del que soy víctima: por ser juzgada al mismo tiempo y por los mismos hechos y presunciones por instancias locales y federales, situación prohibida en nuestra Constitución», subrayó.
La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, dijo que quienes están interesados en quitarle la diputación local vía un juicio de procedencia «no quieren ni les interesa llegar a la verdad».
En ese contexto, acusó a Morena y a otras fuerzas políticas de tener prisa en cerrar este asunto, y añadió que a quienes deben investigar es a los diputados Rocío Nahle y Amado Cruz Malpica, «verdaderos operadores financieros de este partido».
Cadena Sandoval, quien fue captada en algunos videos recibiendo dinero para supuestos actos proselitistas de Andrés Manuel López Obrador, también acusó a los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de invalidar sin argumento legal alguno sus elementos y testigos en su defensa.
Asimismo, recriminó el hecho de no recibir trato igualitario de quienes instruyen en su contra la declaratoria de procedencia por el hecho de ser mujer y de no pertenecer a ningún partido político, lo que contrasta con el «trato de protección, apoyo e impunidad que han recibido otros diputados hombres».
Subrayó que en su caso «les corre prisa por desaforarme», y culpó además a las autoridades federales y locales por invalidar las pruebas y testigos que podrían comprobar su inocencia.
Finalmente, anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la presunta violación de sus garantías fundamentales.
