REDACCIÓN
La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que con el cambio de nombre de la dependencia (antes Secretaría de Desarrollo Social), también se gestó una transformación de fondo, principalmente al considerar una inversión y no un gasto el presupuesto asignado, que se debe emplear “por justicia social”.
En entrevista con Notimex, también informó que este mes se entregarán los recursos directos retroactivos de enero, febrero e inmediatamente después los de marzo y abril, para que los padres de familia decidan en dónde cuidarán a sus hijos menores de tres años.
Reconoció que son muchos los retos que deben afrontarse, porque el país se encuentra en una situación difícil, que se agrava por el aumento de la pobreza, derivado de políticas públicas que contribuyeron a hacer más grande la brecha de desigualdad, lo que se suma a la corrupción y a la falta de transparencia.
Además, señaló que los indicadores que miden los niveles de pobreza han sido “perversamente utilizados”, por ejemplo, con la construcción de infraestructura inservible simplemente para presentar un desarrollo inexistente y con ello publicar un mejoramiento en los índices de pobreza, además de los recursos por parte de las autoridades.
Lo que a decir de Albores González “hicieron un sistema de componendas y de compadrazgo”, aunado a que «desafortunadamente algunos programas sociales fueron utilizados de manera clientelar y como una dádiva que daba el Estado», lo que no debe ser, porque hacer política social diferente implica ser ciudadanos, tener voz y opinar sobre las necesidades.
Refirió que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay 53. 4 millones de personas pobres en el país, es decir, cerca de 50 por ciento del total de la población, lo que significa que no puedan acceder a servicios ni derechos ciudadanos como agua, alimentación, salud y educación.
Añadió que no basta con el mandato constitucional que ofrece derecho a la educación, si en las zonas rurales no existen las condiciones para que los menores acudan a las escuelas, toda vez que en algunos casos ni siquiera existen caminos rurales y en otros se tienen que trasladar a otros municipios o pueblos.
Dicha situación la comparó con los beneficios que ofrecen las ciudades donde los jóvenes incluso tienen oportunidad de elegir entre varias opciones educativas, además de contar con servicios como agua, electricidad e Internet.
Además del impacto en el desarrollo económico, la funcionaria lamentó que la desigualdad normalizada ha favorecido la descomposición social, “llegamos en un momento en el que se ha permeado desgraciadamente mucha violencia en algunos lugares y esa violencia, esa descomposición social tiene que ver con la pobreza».
Ello, «porque desafortunadamente las zonas rurales tuvieron que ser abandonadas; el Estado que debió estar ahí apoyando a campesinas y campesinos, muchos países lo hacen, hasta Estados Unidos con precios de garantía, y México no, lo abandonó”, como el campo, donde se gestaron antivalores comunitarios, toda vez que los jóvenes tuvieron que viajar a otros lugares “sin arraigo, sin identidad, sin su lengua, sin valorar su familia”.
Bajo ese contexto de desigualdad y pobreza señaló que uno de sus principales retos es hacer política social que realmente contribuya a disminuir esa brecha, aunque reconoció: “creo que se han hecho algunas cosas que no deberían de repetirse y que tendríamos que quitarlas y para quitarlas pues no es tan fácil, porque tampoco viene uno con una varita mágica y se va a componer”.
Dijo que es tal la problemática que en la actualidad existen situaciones graves de violencia en diversos estados, por lo que uno de sus principales retos es que la gente joven tenga una expectativa en su tierra, en su espacio de vida.
Estancias infantiles no desaparecen
Como parte del cambio que implica la Cuarta Transformación que propone el presidente de la República, la titular de Bienestar, reconoció que ha habido sobresaltos sociales y mediáticos, entre ellos, el que originó el nuevo esquema de las estancias infantiles.
Al respecto, aseguró que una vez que asumió la dependencia encontró informes del sexenio pasado, en particular de 2018 en los que se descubrió, por ejemplo, que personas cercanas a los delegados estatales de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tenían hasta 20 o 22 estancias.
Lo que se dará a conocer en los próximos días a través de documentos, dijo, al señalar que sumado a ello, se encontraron irregularidades con el número de niños inscritos y por los que se otorgaban a las estancias 950 pesos al mes por cada menor.
Asimismo, el reporte detectó que sólo 30 por ciento de las estancias estaban en semáforo verde, es decir, que cumplían con todos los requerimientos de seguridad necesarios, mientras que el otro 70 por ciento no lo tenía.
Por otro lado, refirió que aun cuando la Sedesol tenía como objetivo focalizar sus programas en los lugares más pobres, no obstante, Oaxaca, que es uno de los estados con mayor desigualdad estaba en el lugar número 22 en la lista de estancias, mientras que el Estado de México era el que tenía más.
Por ello, ahora el dinero se otorgará de manera directa a los padres de familia, aunque la titular de la Secretaría reconoció que el monto se redujo a 800 pesos mensuales por cada niño de uno a tres años, es decir, antes de que inicien su formación en el kínder, recurso que tendrán los beneficiados vía transferencia directa en entregas bimensuales.
“No estamos hablando de desaparecer que siga el cuidado de las niñas y los niños, pero el responsable directo de escoger en donde quiere el cuidado de su hijo tiene que ser la madre o el padre”, aseguró.
