REDACCIÓN
La pobreza que se mantiene en las zonas rurales del país, la imposición del consumismo por parte de los medios y la presencia de grupos delictivos ha orillado a que niños y adolescentes cambien las actividades agrícolas por las del crimen organizado.
La siembra, riego, realización y venta de artesanías, que si bien forman parte de trabajo infantil, prohibido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejaron de ser actividades atractivas ante las ganancias simbólicas y las económicas que ofrecen las actividades ilícitas.
Entre ellas están portar armas, poseer coches y tener dinero: «Había chicos que me comentaban que podían ganar alrededor de 10 mil pesos en una semana, dinero que no habían visto jamás en su vida porque es mucho más de lo que ganan sus padres», comentó Rabín Amadeo Martínez Hernández.
El becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la tesis del Doctorado en Sociología Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realiza un proyecto de investigación sobre la masculinidad con varones en conflicto con la ley.
«En Guerrero, por ejemplo, son niños entre los 11 y 12 años que empiezan con actividades de ‘halcones’, esas personas que vigilan que no entren grupos rivales a ciertos territorios y después empiezan a ascender, empiezan con venta de drogas, vigilancia, patrullaje, actividades de extorsión, secuestro y ejecución».
En entrevista, explicó que las costumbres en zonas rurales e indígenas sobre la importancia de que el hombre sea el proveedor de la familia, sumando a la pobreza, hacen que el crimen organizado sea visto como un trabajo más que como una actividad ilícita.
«Ellos no tuvieron acceso o fueron expulsados de las escuelas, no es que hayan entrado por gusto, antes buscaron otras posibilidades», sostuvo.
En su reciente reporte sobre la situación de la niñez en México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que vivir en una zona rural incide en el acceso, la permanencia y conclusión educativa, pues aunque el promedio nacional de escolaridad es de 9.1 años, en la población indígena no se logra alcanzar los seis años.
Martínez Hernández sostuvo que ante la expulsión estructural del sistema, la salida cada vez más frecuente sería la incorporación a actividades ilegales, sea por decisión propia o por reclutamiento de las mismas organizaciones, lo que, aclaró, también disminuye la esperanza de vida de esa población, «porque o te asesina un grupo rival o las fuerzas del Estado».
Entre 2015 y 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró que cuatro mil 299 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso, lo que representa cerca del cuatro por ciento del total de este delito, mientras que en el primer trimestre de 2019 contabilizó 285 casos contra la población de cero a 17 años.
Influencia de medios
Para Patricia Torres, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), no sólo los varones son seducidos por el crimen organizado, ya que las narcoseries y los estereotipos hacen que las adolescentes y jóvenes también busquen ese involucramiento sin discernir de manera consciente entre lo bueno y lo malo.
«Los medios han influido demasiado para idealizar tener ciertos bienes como camionetas, casas, joyas, un buen cuerpo y para eso necesitas dinero, y la forma más fácil y rápida de adquirirlo es metiéndote en cuestiones ilícitas, eso también ha permeado en nuestras comunidades», alertó.
Recalcó que el trabajo tradicional de campo también implica una situación de movilidad y desplazamiento forzado en las temporadas de cosecha.
«Por ejemplo, familias de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas se van a zonas agrícolas en Sonora y Sinaloa, donde niños y niñas tienen que estar en hacinamiento en almacenes y donde se llegan a presentar situaciones de abuso por los mismos patrones o capataces», advirtió.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en 2017 el total de la población infantil de cinco a 17 años en México fue de 29.3 millones de personas, de las cuales el 11 por ciento realizaba trabajo con mayor presencia «en áreas menos urbanizadas».
De ellos, 2.1 millones laboraba en actividades económicas no permitidas, mientras que 39.3 por ciento no recibía ingresos, y 31.3 por ciento percibía como máximo un salario mínimo.
Según datos de Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el trabajo infantil en varones se centra en la industria agrícola, la construcción y servicios, mientras que las niñas y adolescentes en las labores domésticas.
En cuanto a actividades del crimen, los varones son usados para «halconeo», secuestro y tráfico, mientras que las mujeres en actividades de explotación sexual.
«Son un blanco perfecto, porque son una fuerza de trabajo barata, bastante fiel y no tienen capacidad de defensa en el caso de campesinos por falta de escolaridad, y en indígenas por la falta del idioma, entonces, se convierten en un grupo ideal lucrativo para contratantes y grupos del crimen organizado», apuntó el director ejecutivo de Redim, Juan Martínez Pérez García.
Aunque reconoció que existen leyes que amparan a niñas, niños y adolescentes, negó que existra una política de Estado para prevenir y atender la situación. Además, lamentó que se haya recortado presupuesto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues esto impedirá tener una encuesta de trabajo infantil actualizada.
«Necesitamos una respuesta del Estado para reconocer el reclutamiento que está sucediendo en todo el país y para poder ofrecer programas para que las víctimas puedan tener salidas, ser protegidas e incluso cambiar su identidad como en otros países, para que puedan reintegrarse a una vida apropiada y a un proyecto de futuro».
