REDACCIÓN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el «uso desproporcionado» de la fuerza de la Policía y el Ejército bolivianos en los enfrentamientos en Cochabamba, que dejaron al menos cinco cocaleros muertos por heridas de bala, 34 heridos y más de un centenar de detenidos.
«CIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba (…) Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales», publicó el organismo internacional en un hilo de Twitter.
La CIDH colgó un vídeo y fotografías que circulan en redes sociales, y que muestran a las cinco víctimas que yacen sobre una frazada en el piso, de acuerdo con el diario La Razón.
El Estado tiene la «obligación» de «asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente», subrayó el organismo, al tiempo que expresó su preocupación por las actuaciones de las Fuerzas Armadas en las operaciones policiales que se han llevado a cabo desde principios de esta semana.
«Los estándares interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de los disturbios internos», puntualizó la CIDH.
«El uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en Bolivia atenta gravemente a los estándares jurídicos internacionales». «El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica», subrayó.
El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los cocaleros en Sacaba, Cochabamba, dejó un saldo de cinco muertos, 34 heridos y más de un centenar de detenidos, según informó el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, citado por el diario El Deber.
«Los muertos todos son producto de armas de fuego», denunció el defensor del Pueblo, quien responsabilizó a los policías y militares por utilizar armas de fuego para dispersar a los cocaleros.
Los cocaleros pretendían manifestar su rechazo al gobierno de Jeanine Áñez, quien se proclamó presidenta de Bolivia el pasado martes, y respaldar a Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre y decidió asilarse en México, en medio de acusaciones de fraude en los comicios del 20 de octubre.
La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre. Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un «fraude gigantesco».
