POR: AYASOFIA
A unos días de haberse decretado la Tercera Fase del COVID 19 en México, López Obrados sigue dando muestras de que su único interés es el de consolidar su República Socialista, esto ya no tiene remedio. Sin ningún apoyo a los empresarios de este país, piensa rescatarlo mediante la aplicación de 11 puntos, que si bien los relacionados al problema sanitario que enfrentamos son acertados, el resto no responde a las expectativas que muchos mexicanos tenemos en cuanto a reactivar la economía nacional; si no nos mata el COVID nos matará el hambre en unos días más.
La Tercera Fase implementada, ocurre cuando por el número de contagios pone en entre dicho la capacidad de respuesta de los servicios de salud del Estado, es decir, hemos llegado a un número tal de contagiados diarios, que ya no tenemos capacidad de respuesta en hospitales y clínicas de salud, entonces se radicalizan las medidas de aislamiento y otras precautorias, para abatir los contagios. En este marco, y de manera muy oportuna, diversos empresarios vinculados al sector salud en el país, ofrecieron su apoyo al Gobierno Federal, mediante el otorgamiento de atención a pacientes, a título gratuito, para no saturar las clínicas del Estado; ¿esta fracción del núcleo empresarial no hace pensar al presidente que ahorita, todos necesitamos de todos?
La sociedad es el motor que impulsa el desarrollo de cualquier nación. Pero para que esto suceda, requiere de un trabajo remunerado que le permita adquirir y satisfacer los bienes y servicios requeridos para vivir; estos empleos, en su gran mayoría, son ofrecidos por pequeños y medianos empresarios. En nuestro país, se estima que 7 de cada 10 empleos disponibles, son ofertados por este sector de la economía; el trabajo de millones de mexicanos se ve reflejado en producción, lo que al empresario le representa utilidades, al final del ciclo, es decir, en el momento de la venta de sus productos o servicios. Con las utilidades que recibe el empresario por la venta de sus productos, tiene la posibilidad de pagar a los trabajadores su salario, y de manera conjunta, empresarios y trabajadores, trasladarle al fisco una parte de ese dinero, por concepto de impuestos, particularmente de dos, el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, en el que va inmerso el conocido IVA.
Con este dinero recaudado, el Estado hace frente a la prestación de servicios, como el de salud o el educativo; realiza obras de infraestructura para apalancar el desarrollo de la nación: fortalece a Estados y Municipios mediante convenios de coordinación fiscal; se instrumentan programas sociales, entre muchos otros aspectos.
El Presupuesto de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2020, fue estimado en 6 millones, 107 mil 732 millones de pesos, o sea más de 6 billones de pesos. De este monto, el 55.28%, más de la mitad, corresponde única y exclusivamente al Impuesto sobre la Renta, y el IVA significa otro 16.50% del total presupuestado; en pocas palabras, el Gobierno de la República pretende que el 71.78% del presupuesto 2020 ingrese por conducto del pago de estos dos impuestos que pagamos los contribuyentes, y que en buena medida, gravita en empresarios y trabajadores.
La medida adoptada por AMLO de reducirse el sueldo de mandos medios y superiores, y reducir algunas subsecretarias, es apenas, casi nada, parte de las cifras señaladas anteriormente, y estos ahorros sólo son para darle viabilidad a sus programas sociales, a esos programas clientelares de índole electoral.
Me resulta inaudito que el Senado de la República se haya reunido para la aprobación de la Ley de Amnistía, cuando hay otras prioridades en el país, como lo son las medidas económicas para afrontar la pandemia y sus repercusiones. Pero seguramente, los morenistas, tuvieron que acelerar este proceso ante la caída de la popularidad de su líder moral; y aunque en primera instancia pensé que la medida era por el costo que representa para la federación la alimentación de reos, después de revisar cifras, sólo el 10% de los reos en el país están en prisiones federales, el 90% restante, están en los 309 penales estatales establecidos en el país, por lo que al no ser el “ahorro” el objetivo evidente de la medida, sólo me resto pensar que la benevolencia de AMLO estribaba en los votos de los reos y sus familias.
La Tercera Fase, recientemente decretada, pone en riesgo a infinidad de familias que, viviendo en la informalidad, tiene que salir a trabajar a diario para poder vender sus productos en las calles, en tianguis, y en los ya casi nulos centros de concentración masiva de personas, para poder subsistir día con día. Aunado a este sector de la población, los propietarios de pequeños centros comerciales como misceláneas, centros de lavado y planchaduría de ropa, talleres automotrices, etc., ahora se ven obligados a cerrar sus comercios. Este sector de la población, sin salario fijo y mucho menos prestaciones y seguridad social, ya aguantó un mes, desde el 24 de marzo pasado cuando se decretó la Segunda Fase por el COVID 19, hasta el día de hoy. ¿Pero que van a hacer mañana o dentro de una semana, cuando hayan agitado el poco casi nulo ahorro? ¿delinquirán para poder dar alimento a sus familias? Por eso he titulado a estas reflexiones “esto ya no tiene remedio”, porque mientras siga la cerrazón del Gobierno de la República, será peor el daño que nos ocasione la repercusión económica que la pandemia COVID 19, en sí.
A quien corresponda: México necesita en este momento la emisión de símbolos de unión, que proyecten confianza y den aliento, México necesita de un liderazgo ante la ausencia de un presidente.
