POR Norberto HERNÁNDEZ
El núcleo duro de grupos políticos, empresariales y de la delincuencia organizada es el código del silencio, la conocida omertá siciliana. Es una simple palabra de continuidad, hermandad y sobrevivencia que en México sostuvo al régimen durante 83 años. Ver, oír y callar es la triada que cada miembro acepta y respeta. Cuando se rompe con esa práctica, se derrumba todo. Eso parece ser lo que sucederá una vez que declare Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Como en Italia, Colombia o Bolivia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado romper el pacto de silencio de quienes controlaban el poder real en el país.
En los Estados Unidos, durante el proceso conocido como Watergate, contra el presidente Richard Nixon por tratar de intervenir las líneas telefónicas de las oficinas del Partido Demócrata, dos periodistas llevaron la noticia al Washington Post. A su fuente anónima se identificó como “garganta profunda”, muchos años después se supo que era un director adjunto del FBI. Lo dicho por la fuente ocasionó que Richard Nixon fuera el primer presidente norteamericano en dimitir al cargo.
Nuestra América Latina, históricamente saqueada por la mayoría de sus gobernantes, en 2014, presenció algo inédito: el derrumbe de los castillos de corrupción sostenidos desde arriba. En aquél año, en Brasil se conocieron los alcances de la operación “Lava Jato” que puso al descubierto la más sofisticada y amplia red de corrupción en, al menos, diez países de la región. El mecanismo evidenció la complicidad de funcionarios y empresarios de primer nivel. En el ámbito político cayeron presidentes. El ex presidente peruano, Alán García, se quitó la vida al ser acusado de lavado de dinero; el popular ex presidente Lula Da Silva fue a la cárcel, la presidente Dilma Rousseff fue destituida; y, el presidente en funciones Pedro Pablo Kuczynski renunció, acusado de recibir sobornos.
La investigación iniciada desde los Estados Unidos escandalizó a la opinión pública, al mostrar la corrupción transnacional de la empresa petrolera PETROBRAS; el proceso mismo de las investigaciones condujo a las autoridades al destape de las prácticas ilegales de la empresa constructora ODEBRECHT utilizadas para ganar concursos en otros países, incluyendo a México. Y ahí se jodió todo para Lozoya y compañía.
El escándalo lo detonó el encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, al dar seguimiento a un supuesto financiamiento proveniente de la empresa ODEBRECHT a la campaña presidencial de 2012. Por esta acción, el fiscal fue destituido por el Procurador General de la República, con el argumento que había transgredido el Código de Conducta, aun cuando el nombramiento se lo había dado el Senado de la República. Todo parecía que hasta ahí quedaba el asunto. Un fiscal atrevido fuera del cargo y la familia política feliz y en santa paz.
Sin embargo, dos hechos quedaron fuera de su control. El primero es que desde Brasil siguió fluyendo información que imputaba directamente al entonces Coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial, Emilio Lozoya Austin de recibir, al menos, 10 millones de dólares. El segundo fue el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de julio de 2018, un candidato antisistema y opositor al neoliberalismo.
Además de la presidencia, también obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, creo una fiscalía autónoma y nombró como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Santiago Nieto Castillo. El expediente de Lozoya creció y huyó del país. El cerco llegó a su familia, entre ellos a su madre, esposa y hermana. Detenido en España, luego de algunos meses en la cárcel, decidió pactar con la fiscalía mexicana y ser extraditado para responder por los señalamientos de soborno por parte de ODEBRECHT a cambio de contratos de PEMEX y la compra de una planta de agronitrogenados, a un precio superior al de su valor real, por más de 200 millones de dólares.
Al parecer aceptó la extradición a México para declarar en calidad de testigo colaborador; es decir, busca beneficios para él y su familia a cambio de aportar información valiosa sobre otros implicados del más alto nivel del sexenio pasado, según lo dispuesto en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo indica que Lozoya romperá el código de silencio del sistema que se acabó con el triunfo de López Obrador y puede ser la “garganta profunda” que aporte información sobre los mecanismos de saqueo del erario público y sus beneficiarios directos.
Si Emilio Lozoya habla y la fiscalía rompe las estrategias de la defensa, estaremos ante el primer maxi-proceso en México y puede que veamos, como nunca ha sucedido, la aplicación de la justicia en figuras antes intocables.
