POR Alberto ABREGO
Se prohibe:
“La distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme a las normas oficiales que para el efecto establezca la Secretaría de Salud del estado. La medida se aplicará en instituciones públicas y privadas de educación básica y media superior”.
Artículo 20 Bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca.
Bien por Oaxaca, bien por sus niños y sus jóvenes, por la legisladora de promovió la iniciativa de ley, por los 31 diputados de la LXIV Legislatura Local que aprobaron la medida, por la sociedad oaxaqueña y sus hermosas regiones, por sus profesionistas, sus empresarios, sus empleados, sus obreros, artesanos, pescadores, y trabajadores del campo, por su gente de raza blanca, negra, y diferentes etnias indígenas. Bien por todos.
Fue el pasado 5 de agosto, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó la medida de prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a niños. La propuesta había sido presentada el primero de noviembre del año pasado por la legisladora Magaly López Domínguez.
Y hay más del Artículo 20 Bis:
Se prohíbe también: “La venta, distribución y exhibición de cualquiera de sus productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras. Quedan exentas de estas previsiones las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres o tutores legales hacia sus hijas e hijos o menores de edad bajo su tutela”.
Y es que la situación ya es grave; según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalan que el 73 % de los mexicanos padece sobrepeso, mientras que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos muestra que 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 adolescentes son obesos (datos de 2019).
Y en Oaxaca la situación no es mejor, de acuerdo con datos de 2018 de los Servicios de Salud del estado (SSO), la entidad ocupa el primer lugar nacional en obesidad infantil y sin ningún indicio de que la tendencia disminuya en los próximos años. Estamos hablando de que 30 por ciento de la niñez oaxaqueña sufre sobrepeso, con lo cual el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes, entre otros padecimientos es enorme.
Por ello, este logro de los legisladores de Oaxaca no es asunto menor. Es un gran paso, una gran idea que establece un precedente, algo más que discursos y buenas intenciones ante el paulatino deterioro de la salud infantil. Varias entidades preparan ya las iniciativas para las “leyes anti alimentos chatarra”, entre ellos la CDMX, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco; y hacen bien, pues México se ha convertido en el imperio de los alimentos enlatados, bebidas azucaradas y comida rápida que ha contribuído a la desnutrición y a la obesidad de los mexicanos.
La medida, obviamente ha encontrado el rechazo de los grandes complejos industriales como la Coparmex, la Canacintra, Canirac y ConMéxico, esta última agrupa 44 empresas como Bimbo, Nestlé, Coca Cola y Lala, entre otras. Por otra parte, han llegado a Oaxaca felicitaciones desde la ONU y la UNICEF por este esfuerzo en la batalla contra la comida chatarra, entendiendo que tan solo es un paso en el camino contra la obesidad; pero es al mismo tiempo un gran aliento saber que se cuenta con aliados allende nuestras fronteras.
Aquí en México, como todo, la medida está lamentablemente politizada, habrá quienes la critiquen, habrá quienes la aplaudan, habrá quienes promuevan sus colores e intereses partidistas, y habrá quienes se cuelguen medallitas al amparo del oportunismo. Eso es lo menos importante. Una diputada oaxaqueña propuso la iniciativa y 31 legisladores la aprobaron. Existen lagunas y vacíos legales en esta ley, por supuesto, esa es la puerta para litigios y amparos de empresas vendedoras de comida chatarra; esta ley se habrá de reformar para perfeccionarse, pero el primer paso está dado, y es en favor de la niñez oaxaqueña.
Quienes se oponen a esta ley debieran darse cuenta que el sobrepeso y la obesidad impactan en el desarrollo social y económico de un país, pues la falta de salud incide directamente primero en la inasistencia escolar, luego en la productividad y en el ingreso de las personas; y por supuesto es determinante en el crecimiento económico y la pobreza de una sociedad.
Y un país que no tiene la capacidad de criar niños sanos, educados y con seguridad emocional es un país condenado a no tener desarrollo, porque formar niños sanos es asegurar una sociedad fuerte y con calidad de vida.
Ya lo dijo la ONU: “Uno de los derechos más importantes de la infancia es el de una alimentación sana, digna, completa, suficiente, inocua y equilibrada” (2009).
Lo primero es la salud, y después a lo que sigue.
¡Enhorabuena, Oaxaca!
