INE-TEPJF. Por qué no te callas
El diseño del sistema de partidos, los códigos y órganos electorales tienen que reformarse. Su aprobación fue un cambio paulatino de acceso al poder, controlado desde la presidencia de la República. La voluntad del titular del Poder Ejecutivo marcó los alcances de cada reforma política como alternativa para mantener la continuidad del régimen. Ninguna de las reformas electorales anteriores a la de 1996, pusieron en riesgo al sistema de partido hegemónico. Las reglas de la competencia eran concesiones otorgadas, sin afectar la mayoría necesaria para aprobar reformas enviadas al legislativo.
El acceso de la oposición a los cargos de representación popular fue lento y muchas vecestestimonial. Su presencia tenía un sentido de legitimar los usos, costumbres y prácticas autoritarias del sistema político mexicano. Durante los sesentas, la vía de acceso para el conjunto de la oposición al Poder Legislativo fueron los llamados diputados de partido. Con la reforma de 1977, se dio paso a los diputados plurinominales; hasta 100 por 300 de mayoría relativa. En 1986, se incrementó a 200 el número de diputados plurinominales por 300 uninominales. En esta última reforma, el inconveniente fue que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía derecho a tenerdiputados plurinominales. El juego respondía a una condición básica y característica del dominio presidencialista: garantizar la mayoría aplastante al PRI en la cámara de diputados federales.
Fue hasta la reforma electoral de 1996 que las condiciones de la competencia quedaron en manos de un órgano electoral completamente autónomo. El Instituto Federal Electoral (IFE),que si bien fue creado en la reforma de 1990, esta vez estaría integrado por ocho consejeros electorales —en 1994 llamados consejeros ciudadanos— electos por la Cámara de Diputados quienes serían los encargados de conducir los procesos electorales y los únicos con voz y voto. Los partidos desde la reforma de 1994 perdieron su derecho a votar al interior de los órganos electorales. Los nuevos consejeros tomaron posesión el 31 de octubre de 1996.
Esto fue un paso significativo para la competencia electoral, pero no fue lo único. Lo relevante para la autonomía fueron las reformas al Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE) donde, por primera vez en la historia, se quitó la injerencia del Ejecutivo Federal, esto significó dejarlo sin ningún tipo de representación en el IFE. El gobierno perdió su condición reiterada de serjuez y parte en las elecciones nacionales.
Las siguientes reformas solo ampliaron la calidad en la organización de los procesos electorales. La base real de todas ellas fue la reforma de 1996. Pero aquellas condiciones, donde surgió esa reforma, dejaron de existir hasta la reforma de 2014 que significó un daño estructural al órgano electoral nacional. Paso de IFE a Instituto Nacional Electoral (INE). Fue regresiva al dar atribuciones excesivas a la institución. Lo más lamentable es que asumió facultades que corresponden a los estados. Son los consejeros del INE los que nombran a los consejeros electorales de las entidades federativas. Adicionalmente, tienen bajo su responsabilidad las funciones sustantivas de organización y capacitación en las elecciones restando certeza, legalidad, eficiencia y confianza en los comicios.
Es un centralismo oprobioso que se ha traducido en un exceso de protagonismo del árbitro electoral. El responsable de garantizar la equidad y la imparcialidad es ahora quien las viola. En la misma trama de desgaste y desintegración está inmerso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El “magistrado billetes” y los “magistrados rebeldes” son miembros distinguidos de un órgano jurisdiccional carente de legitimidad, valor ético y calidad moral.
Tanto el INE como el TEPJF son órganos electorales creados bajo el arreglo del régimen que perdió vigencia y efectividad en 2018. En particular, la reforma de 2014 significó un acelerado proceso a su descomposición. Ambas instituciones se tienen que reformar atendiendo las nuevas reglas del escenario político del país. Antes bastaba con el acuerdo del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI para diseñar y aprobar las reformas de la materia. Tanto el INE como el TEPJF responden a ese modelo que ya no existe. Por lo tanto, una nueva reforma política deberá proponer un nuevo diseño de los órganos electorales bajo el contexto del cambio de régimen que las elecciones de 2018 y 2021 fortalecieron.
La negociación para integrar ambos órganos electorales surgió de un acuerdo entre las dos fuerzas dominantes. El PAN y el PRI hicieron valer sus condiciones y cada uno obtuvo su cuota, tanto en el INE como en el TEPJF. El modelo fue vital para la alternancia política, pero ya está desgastado. Es necesaria una nueva reforma con arreglo al conjunto de las fuerzas políticas actuales. Es evidente que la vigencia del cambio de régimen depende de sustituir los arreglos del pasado para recuperar la confianza en las instituciones garantes de nuestra democracia.
