Por Lilia González
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó en Sesión Plenaria una iniciativa que busca elevar las penas para quien cometa el delito de robo o saqueo a un plantel educativo, alcanzando una pena de hasta 15 años de prisión.
El diputado proponente, Rigoberto Vargas Cervantes, indicó que cerca de mil 250 escuelas públicas de las más de 20 mil que hay en todo el Estado de México fueron vandalizadas y robadas en su mobiliario, insumos, equipamiento diverso y de cómputo durante la pandemia, lo anterior con información de la Secretaría de Educación estatal.
Ante ello, remarcó la importancia que tiene el que se agrave la pena para quien cometa este ilícito, puesto que no solo se roban insumos, sino que se vulnera el derecho a la educación de niñas y niños al no garantizárseles en planteles educativos las condiciones mínimas para su aprendizaje.
“Según la UNESCO, las condiciones físicas y servicios con los que cuentan los centros educativos tienen un efecto importante en el desempeño de los estudiantes y los docentes, y contribuyen significativamente a la reducción de la brecha de aprendizaje asociada con la desigualdad social. El robo, saqueo y vandalismo a centros escolares siempre ha existido, pero la falta de ausencia de personal durante la pandemia agravó la problemática”, señaló.
Por lo anterior, explicó que su propuesta va encaminada a imponer de 9 a 15 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa, a quienes cometan este tipo de robo; además de la pena señalada, se impondrán las penas siguientes: cuando en la ejecución del delito se utiliza algún tipo de violencia, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión a los sujetos activos; y cuando en la ejecución del delito se dañe la infraestructura, mobiliario o instalaciones hidráulicas o eléctricas del centro educativo, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión.
Morena va por prohibir el uso de gorras y lentes en el transporte público
Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para prohibir el uso de gorras, capuchas y lentes obscuros al momento de abordar las unidades de transporte público que cuenten con cámaras de videovigilancia.
Al respecto, la diputada Yesica Rojas Hernández indicó que cifras de instituciones de seguridad revelan que durante el 2019 el Estado encabezó la lista de las entidades más violentas del país en cuanto a delitos en el transporte público, con más casos de robo en el sistema público colectivo, con 8 mil 645; y durante el confinamiento, en el 2020, se llegaron a reportar 138 casos por semana.
Ante lo anterior, remarcó que un común denominador en estos casos es el del uso por parte de los delincuentes de gorras, capuchos o lentes obscuros para evitar ser identificados, por ello la propuesta busca ser una medida de prevención.
