Alelhi Rodríguez
Con consignas como: “No somos elite, somos pueblo. El INE no se toca”, “Rescatemos a México, el INE no se toca”, miles de personas arribaron al Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con vestimenta de color blanco y rosa, las y los manifestantes expusieron sus inconformidades respecto a esta aprobación, que el pasado miércoles 22 de febrero, el Senado de la República, dio luz verde.
José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), solicitó al Máximo Tribunal que echen para abajo tal Reforma que mútila al Instituto Nacional Electoral, (INE).
“Hasta ahora los Ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del Presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje, con el lenguaje de la confianza y el respeto que corresponde a los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a que están siendo sometidos, por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano”, indicó.
Por su parte, Beatriz Pagés, celebró este encuentro que llenó el zócalo capitalino y en otras ciudades, de forma paralela.
“Este es un encuentro de alegría y libertad estamos aquí en el corazón de la República para defender la democracia para insistir una y mil veces más, el INE no se toca. Nuestro voto no se roba y para decir a quien nos quiera escuchar estamos listos para impedir un golpe a la constitución y a nuestras libertades”.
Con 72 votos a favor de Morena y aliados y en contra, la Cámara Alta aprobó las modificaciones a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El Plan B es una reforma electoral que promueve cambios en su estructura y operación. Eliminar 300 Juntas Ejecutivas Distritales en todo el país, el 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral, ajustar el salario de los consejeros del INE a menos de 108 mil pesos mensuales, adelgazar la nómina del INE al liquidar hasta 6 mil plazas y trabajadores, desaparecer fondos y fideicomisos del INE, que el gobierno federal acceda a las listas de electores y que funcionarios y candidatos puedan usar recurso público con fines de proselitismo.
