• Drástica, la nueva Ley administrativa estatal
• Insisten en cambiar Legislatura por Congreso
• Más tiempo para una demanda laboral: D. Parra
• Sancionan e inhabilitan a ex tesorero de Naucalpan
• Castigo a quienes dejen de pagar salarios a empleados
… Fue publicada la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México que entrará en vigor el próximo 16 de septiembre, justo en el inicio de la gestión de Delfina Gómez Álvarez, con lo cual, la estructura del próximo gobierno incluirá 16 secretarías, una Consejería Jurídica y una Oficialía Mayor; estas dos últimas con el rango de secretarías… O sea, 18 dependencias gubernamentales…
… En lo sustantivo: se modifican los nombres de algunas secretarías, pues la de Desarrollo Social ahora será del Bienestar; se crea también la del Agua, mientras que la de Justicia y Derechos Humanos, dará paso a la Consejería Jurídica…
… En tanto que, la Secretaría de Educación ahora será Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y se le integra el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)…
… Además, la nueva norma publicada, señala a la mandataria texcocana, “como la persona titular del Poder Ejecutivo, quien contará con una jefatura de gabinete y proyectos especiales, una secretaría particular, la coordinación técnica, y la vocería que la auxiliarán directamente con funciones de apoyo técnico, asesoría, evaluación y coordinación y aportarán elementos para la toma de decisiones…
… Precisan que la Legislatura deberá armonizar la legislación en un lapso de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir del 16 de septiembre, y la gobernadora deberá expedir la reglamentación de las dependencias en 90 días naturales; mientras tanto, se aplicará la norma existente en lo que no se contraponga con la Ley Orgánica…
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… En la Cámara de Diputados mexiquense, los de la bancada morenista, ya quieren aprovechar la llegada al gobierno estatal de su correligionaria, Delfina Gómez, para inventar, o más bien, proponer otra ocurrencia clásica de la Cuarta Transformación…
… Ahora resulta que, a propuesta del diputado “guinda”, Max Correa Hernández – sí, aquél que financió a los manifestantes que estuvieron afuera del Palacio de Gobierno en el último informe de Alfredo del Mazo – la bancada morenista acordó reformas a la Constitución Política local, para modificar la denominación de Legislatura por la palabra “Congreso”, tal como se utiliza oficialmente – según él — en 28 entidades del país…
… Pudiendo legislar temas de verdadera importancia para las familias mexiquenses, como por ejemplo, la liberación de los presos, injustamente encarcelados, que es un tema que tiene en vilo a familiares que ya se fueron a la huelga de hambre, el “congresista” de Morena, pierde el tiempo y abusa del dinero que pagan los contribuyentes en impuestos, para elucubrar sobre trivialidades que deberían estar fuera de los razonamientos para lo que fue votado en las urnas…
… Es incoherente su razonamiento, al señalar que para la población en general, “en términos populares”, como él dice, a los integrantes de una Cámara Legislativa, se les conoce como diputados – coloquialmente hablando – y no como quiere que se les denomine, ahora, “congresistas” …
… Es imperdonable que hoy en día, sigan votando en los comicios, por “representantes populares”, como este legislador, que solamente acude a las sesiones “del Congreso constituido como tal”, a levantar la mano, y a proponer incoherencias con la vida democrática que supuestamente enarbola su partido…
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… Mientras tanto, del otro lado de la acera, el diputado priista, David Parra Sánchez, quien no olvida su formación sindicalista, y quien en la actual legislatura tiene como uno de sus principales propósitos, defender los derechos de los trabajadores y atender sus necesidades, propuso la iniciativa que fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura, para que en caso de ser despedidos injustificadamente, los trabajadores del Gobierno del Estado de México y de los 125 ayuntamientos mexiquenses dispongan de dos meses para presentar alguna demanda laboral y solicitar su reinstalación o la indemnización que corresponda…
… Obviamente, el priista naucalpense, con esta propuesta legislativa, se está adelantando a los hechos de que, en la próxima administración estatal, se aparezca el fantasma de los “despidos injustificados”, como ya anunciaron voceros del gobierno morenista entrante…
… Dentro de la bancada tricolor, encabezada por el coordinador y Presidente de la Jucopo, Elías Rescala Jiménez, Parra, con este proyecto de decreto, se homologa a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con la Ley Federal del Trabajo, por lo que ahora, el primer ordenamiento refiere, que en caso de suspensión o despido injustificado, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión…
… Cabe mencionar que la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social analizó y dictaminó este Proyecto de Decreto con el que se deroga el inciso c) de la fracción I del artículo 180 y se adiciona el inciso e) a la fracción II del Artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios…
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… Dice el refrán que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo…
… Y es que este adagio puede aplicarse al anuncio hecho por el ayuntamiento de Naucalpan, en el sentido de que la Contraloría Interna de dicha municipalidad, impuso una sanción de 53.31 millones de pesos, e inhabilitó por 20 años a Iván Arturo Rodríguez Rivera, tesorero municipal en la administración del exalcalde Edgar Olvera, ya que en 2016 efectuó pagos por el mismo monto a la empresa Zen Servicios Profesionales, “sin la debida justificación documental” …
… Resulta que el contralor interno de ese actual ayuntamiento, Rafael Funes Díaz, explicó que esta sanción se suma a la impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, en relación a pagos hechos a la misma empresa durante 2017, instancia que dictaminó una multa de 63.83 millones de pesos y también 20 años de inhabilitación para Rodríguez Rivera por las mismas irregularidades…
… Esto quiere decir que, la presidenta Angélica Moya ya está imbuida en el tema de los desfalcos a la hacienda pública municipal, como fue en este caso, aunque se tratara de una administración atrasada, emanada del Partido Acción Nacional, al que pertenece…
… Si se pudo con esta acción, solo esperamos muchos mexiquenses, que también fructifiquen sus esfuerzos para hacer pagar al gobierno inmediato anterior, de la ex presidenta morenista, Patricia Durán Reveles, sea debidamente juzgada y hasta encarcelada, por el desfalco que provocó el impago a trabajadores de ese mismo ayuntamiento, y en donde está implicado también el ex tesorero de esa misma gestión…
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… Y como anillo al dedo, cayó la información en la que, una diputada morenista, Karina Labastida, propuso al Congreso mexiquense, que haya “sanciones a presidencias o tesorerías municipales, que incumplan con el pago de sueldos a servidores públicos” …
… Mira nada más qué bonito suena… Como no se hace retroactiva éste proyecto de decreto, para que haya un verdadero castigo a quienes escamotean o roban a trabajadores un ayuntamiento, sin deberla ni temerla…
… Labastida puso el dedo en la llaga, al mencionar que esta situación se agudiza, al final de cada cambio de administración municipal, cuando algunas autoridades, se abstienen de dar cumplimiento al pago del sueldo, por 4 motivos, la falta de aseo financiero, la nula planeación financiera, diversos contingentes derivados de fenómenos naturales, sentencias judiciales, o épocas electorales, lo que afecta a los trabajadores, pese a que existe un presupuesto asignado…
… Pareciera que estuviera dibujando lo que hizo su correligionaria en su momento, Patricia Durán, cuando dejó de pagar varias quincenas, a empleados incluso sindicalizados de aquél sufrido gobierno morenista…
… Y es que existe la estadística de que, del 100 por ciento de conflictos individuales de trabajo registrados durante 2022, 6.1 dieron inicio por “salarios retenidos”, así se concluye, refirió que a los particulares y a las autoridades les resulta fácil vulnerar los derechos de las y los trabajadoras, generando un impacto directo en sus familias, sin que exista una causa justificada para retener sin motivo o causa alguna el sueldo de los mismos…
