Redacción
Con el objetivo de asegurar el derecho a una vida digna para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, y cónyuges o concubinas con incapacidades físicas o mentales que les impidan trabajar, se ha implementado una innovadora modalidad. Esta iniciativa está dirigida a todas las partes involucradas en disputas familiares y busca promover acuerdos que beneficien a ambas partes.
Esta herramienta de resolución de conflictos tiene una validez de un año, tras el cual las partes deberán renovarla si así lo desean. Su finalidad principal es la economía de recursos tanto para quienes tienen obligaciones alimentarias como para quienes las reciben. A través del Recibo Único de Pensión Alimenticia, se elimina la necesidad de acudir a los tribunales de justicia, lo que a su vez reduce el desgaste emocional asociado a estos encuentros legales.
El funcionamiento es sencillo. Cada deudor alimentario recibe una referencia única que le permite realizar los depósitos correspondientes en la cuenta del Poder Judicial, en la ventanilla de una institución bancaria. Estos depósitos pueden hacerse de forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo de lo acordado entre las partes involucradas.
Para garantizar la transparencia y cumplimiento de este proceso, la Dirección de Fondo Auxiliar supervisa todas las transacciones a través del sistema en línea. Una vez confirmado el depósito, se procede a la transferencia bancaria a favor del acreedor. En caso de incumplimiento, el juzgado tomará medidas y emitirá las sanciones correspondientes.
La generación del Recibo Único requiere información esencial, como la ClaBe interbancaria del beneficiario, el tipo de pago, el monto a pagar, el período de pago y los correos electrónicos de las partes involucradas. Estos datos son esenciales para garantizar que las transacciones se realicen de manera efectiva y sin complicaciones.
Cuando a una persona se le exige presentar una fianza o garantía en cualquier contexto, es fundamental seguir un procedimiento específico. Deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cual emitirá un Recibo Oficial que autoriza el depósito bancario de acuerdo con las instrucciones judiciales.
En cuanto a las devoluciones de estas fianzas y garantías, el proceso es igualmente claro. Quienes deseen recuperar estos fondos deben solicitarlo al juzgado, presentando una solicitud junto con una identificación oficial y la ClaBe interbancaria. Las modalidades de reembolso disponibles incluyen transferencias electrónicas o cheques, aunque estos últimos no podrán endosarse y solo podrán ser cobrados por el solicitante.
Estas medidas buscan agilizar y simplificar los procesos legales, asegurando al mismo tiempo la protección de los derechos de todas las partes involucradas. La implementación de estas nuevas modalidades representa un paso significativo hacia la promoción de la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos.
