Redacción
La lucha incansable contra la corrupción se revela como un imperativo ineludible para salvaguardar y fortalecer los derechos humanos. Este desafío crucial fue enfatizado por Lucero Isis Pérez Díaz Ramírez, distinguida miembro del Comité Estatal de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2021-2024, durante su intervención en la esclarecedora conferencia titulada «Afectaciones a Derechos Humanos por Actos de Corrupción», presentada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
En el contexto de esta conferencia, auspiciada por la Unidad Jurídica y Consultiva con el propósito de promover un comportamiento ético y transparente en el desempeño de los servidores públicos del organismo defensor, Lucero Isis Pérez Díaz Ramírez puso de relieve la relevancia de tratados y acuerdos internacionales como la Carta Democrática Interamericana, la Cumbre de las Américas y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos documentos subrayan de manera contundente la conexión entre actos corruptos y la vulneración de los derechos humanos.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado cuatro principios esenciales en la lucha contra la corrupción: la no discriminación, que garantiza un trato equitativo para todos los individuos; la transparencia y el acceso a la información pública, que disipan la opacidad al exponer las actividades corruptas; la participación ciudadana, que permite que la sociedad influya en la toma de decisiones; y la rendición de cuentas, un pilar fundamental para evaluar cómo se ejerce el poder conferido a las autoridades.
La experta en la materia subrayó la estrecha vinculación entre estos principios anticorrupción y los derechos humanos, destacando la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y el principio de no discriminación como áreas de particular interés. En otras palabras, cada faceta de la corrupción tiene un impacto directo en un derecho humano específico, aunque esta relación no siempre sea evidente a simple vista.
Además, Pérez Díaz Ramírez hizo hincapié en que los actos de corrupción no solo desencadenan repercusiones directas en los derechos humanos, sino que también constituyen una infracción a las obligaciones del Estado en este ámbito. Los entornos caracterizados por la corrupción contribuyen al menoscabo de la dignidad humana y, en muchos casos, las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos están inextricablemente ligadas a las condiciones que favorecen la corrupción, creando un ciclo de retroalimentación perjudicial.
Si bien la medición precisa de la corrupción puede resultar esquiva, se mencionó el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional como una herramienta que permite evaluar la percepción ciudadana en 180 países. Este índice asigna una puntuación en una escala del 0 (alta corrupción) al 100 (baja corrupción). En este contexto, México se posicionó en el puesto 129 con 31 puntos.
Es relevante destacar que, por cuarto año consecutivo, los países de América promediaron apenas 43 puntos de un posible total de 100. Estos datos reflejan la necesidad de implementar medidas audaces y decididas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, dado que la falta de acción fomenta las actividades delictivas organizadas y socava las libertades y derechos humanos.
