Redacción
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo la extinción de dominio sobre la residencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubicada en Lomas de Bezares, Ciudad de México.
Se argumentó que la acción era improcedente, ya que la propiedad fue adquirida en 2012, antes de que la Ley Nacional de Extinción de Dominio entrara en vigor en agosto de 2019. La jueza Ana Lilia Osorno Arroyo sostuvo que la retroactividad de la ley no es aplicable en este caso.
A pesar de esta resolución, la FGR tiene la opción de presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado para apelar la decisión.
La juez Osorno Arroyo destacó que la investigación contra Lozoya Austin se centra en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no estaba contemplado en el artículo 22 constitucional al momento de la compra de la propiedad. La Ley de Extinción de Dominio estableció por primera vez la aplicabilidad de esta medida en casos de lavado de dinero.
El expediente del caso revela que la residencia en cuestión fue adquirida por Lozoya con los 3.4 millones de dólares provenientes de sobornos que recibió de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA). Esto ocurrió en el contexto de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados por parte de Pemex.
La jueza federal concluyó que la acción de extinción de dominio es improcedente debido a la ausencia de sustento legal al momento de consumarse el delito.
En otra vertiente, la FGR también enfrenta obstáculos en el proceso contra Lozoya por lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados. Un juez de control suspendió el proceso en agosto pasado, argumentando que la reparación del daño por parte de Alonso Ancira beneficia también a Lozoya. Como resultado, hasta el momento, la FGR no ha logrado recuperar ninguna cantidad de la reparación del daño que buscaba.
Esta resolución plantea la posibilidad de que la FGR presente recursos adicionales para que el caso sea revisado por un tribunal federal.
En caso de que la decisión se mantenga a favor de Lozoya, la Fiscalía deberá levantar el aseguramiento de la propiedad y devolverla al exdirector de Pemex. La situación legal de Lozoya Austin sigue siendo compleja, ya que enfrenta cargos en distintos frentes, incluido el caso Odebrecht, que mantiene su prisión preventiva justificada.
