Redacción
El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum presenta la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, reformando la anterior Secretaría de la Función Pública. Esta nueva dependencia, dirigida por Raquel Buenrostro, adoptará un enfoque preventivo en lugar de correctivo en su lucha contra la corrupción. El objetivo es evitar actos corruptos desde su origen, liberando recursos y asegurando una administración más eficiente.
La Secretaría buscará blindar los programas prioritarios, como las obras públicas, mediante la educación en ética e integridad para los funcionarios. Este cambio se propone modernizar la administración pública y reducir la burocracia, lo que se traduce en menos lujos y más eficiencia en el servicio público. Buenrostro destaca que la Secretaría tendrá un alcance normativo y de supervisión que abarcará diversas secretarías y niveles de gobierno.
Para prevenir la corrupción, se enfatiza la dignificación del servicio público, considerándolo una vocación. Se planea proporcionar capacitación tanto en ética como en habilidades técnicas a los servidores públicos. Los Órganos Internos de Control se encargarán de centrarse en las áreas más críticas y relevantes de la administración.
La supervisión de obras emblemáticas, como el Tren Maya, y los programas relacionados con el sector salud y la seguridad alimentaria se considerará fundamental en los primeros 100 días de funcionamiento de la nueva Secretaría. Estas áreas han enfrentado múltiples denuncias por corrupción en el pasado, y se espera una mejora en la cultura de la denuncia, garantizando la confidencialidad de quienes se atrevan a reportar irregularidades.
La Agencia de Transformación Digital, dirigida por José Merino, colaborará estrechamente con la Secretaría Anticorrupción para modernizar la administración pública. La sistematización de procesos se plantea como una estrategia para reducir la tentación de la corrupción. Además, se planea reactivar la plataforma Compranet, facilitando el acceso público a la información sobre compras gubernamentales.
Otro objetivo es consolidar las compras para garantizar su transparencia y promover a proveedores nacionales, especialmente a pequeñas y medianas empresas. La Secretaría trabajará junto con Hacienda y la Consejería Jurídica para reformar las leyes de Adquisiciones y Obras, buscando una mayor agilidad en los procesos de contratación. La meta final es hacer que violar la ley sea más costoso que cumplirla, creando un entorno donde el cumplimiento normativo sea el estándar.
