Redacción
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con el robo de combustibles conocido como huachicol fiscal. El funcionario fue cuestionado durante la conferencia matutina del 9 de septiembre sobre la situación jurídica del exmandatario.
El nombre de Ruffo se colocó en el centro del debate luego de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmara que el exmandatario forma parte de las personas investigadas en la entidad por posibles vínculos con la empresa Lambrucat, señalada en operaciones de extracción y comercialización ilegal de combustibles en Coahuila.
Las indagatorias se intensificaron tras la incautación de 15 millones de litros de hidrocarburo en esa entidad. Según la información oficial, la empresa Lambrucat y la firma Ingemar S.A. de C.V. fueron puestas bajo revisión al detectarse irregularidades en sus operaciones.
En estas investigaciones también se incluyó a otros empresarios, entre ellos Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro y el socio extranjero José Merino Cuervo. En instalaciones relacionadas con Ingemar se hallaron tres millones de litros de combustible, lo que llevó a ampliar las pesquisas sobre sus accionistas y socios.
Ruffo Appel ha estado anteriormente vinculado a acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado. En 2017, el expresidente Felipe Calderón lo señaló de colusión con el cártel de los Arellano Félix, mientras que la periodista Anabel Hernández documentó en su libro Los Señores del Narco que Joaquín “El Chapo” Guzmán habría señalado al exgobernador como un funcionario que brindó protección a esa organización criminal.
El exmandatario, sin embargo, negó en diversas ocasiones estas versiones. Desde su paso como presidente municipal de Ensenada hasta la gubernatura de Baja California, sostuvo públicamente que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido y rechazó tener relación alguna con actividades ilegales.
Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones en torno al huachicol fiscal siguen su curso y que aún no se han emitido órdenes de detención contra las personas involucradas. García Harfuch insistió en que el gobierno no ha centrado acciones en la figura del exgobernador, aunque su nombre se mantiene dentro de los expedientes.
