Redacción
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la detección de un esquema complejo de lavado de dinero que involucra a 13 casinos —físicos y virtuales— tras una investigación de análisis financiero desarrollada durante varios meses.
Como medida inmediata se dieron vistas a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones en cumplimiento tributario, además de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Las autoridades comunicaron la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos que incumplían la normativa, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y la congelación de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Las acciones forman parte de un paquete de medidas administrativas y penales orientadas a cortar flujos financieros sospechosos y preservar la integridad del sistema financiero.
La Presidencia de la República informó que la investigación se realiza con respaldo legal y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, así como con unidades de inteligencia financiera internacionales.
La jefatura del Ejecutivo señaló la intención de evitar que recursos de origen ilícito fortalezcan a grupos de la delincuencia organizada, en consonancia con la estrategia de seguimiento de flujos financieros del Gobierno.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con el hallazgo inicia una nueva etapa de prevención: se desplegarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que causen daño al sistema financiero.
Las autoridades enfatizaron la creación de herramientas analíticas y la coordinación interinstitucional para la supervisión y control de riesgos en el sector del juego.
La Secretaría de Hacienda identificó tres patrones recurrentes en las operaciones detectadas: uso masivo de efectivo; redes que incorporaban capitales provenientes del extranjero; y operaciones digitales (transferencias y plataformas de pago) para ocultar el origen de fondos.
Se señalaron operaciones inusuales que alcanzaron hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y países europeos.
La Procuraduría Fiscal de la Federación describió el modus operandi en seis pasos: obtención de datos y cuentas de personas vulnerables, envío de instrumentos electrónicos con fondos de origen desconocido, apuestas que se registran como ganancias millonarias, desvío inmediato de recursos al extranjero, reintegración parcial mediante nuevas operaciones y repetición masiva del ciclo para blanquear capitales.
Ese mecanismo habría empleado identidades robadas y a personas de bajos recursos para encubrir a los verdaderos beneficiarios, según las autoridades.
Fuentes oficiales indican que los establecimientos identificados operaban en al menos ocho entidades federativas, entre ellas Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México.
Las investigaciones continúan abiertas y las dependencias anunciaron que habrá seguimientos penales y fiscales conforme avance la integración de las carpetas de investigación.
Analistas consultados por la Secretaría de Hacienda y por la SSPC remarcaron la necesidad de fortalecer la regulación y la supervisión del sector del juego para prevenir la reutilización de plataformas y servicios financieros que faciliten el lavado de activos.
Mientras tanto, las autoridades confirmaron colaboración internacional y el envío de información a contrapartes extranjeras como parte de las indagatorias.
