Redacción
El sector minero nacional expresó su pesar por el hallazgo sin vida de tres trabajadores que fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, y demandó a las autoridades una investigación efectiva, así como garantías de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.
A través de un comunicado conjunto, organizaciones y cámaras del gremio lamentaron el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados el pasado 23 de enero junto con otros compañeros y posteriormente localizados en una fosa.
Las agrupaciones señalaron que cualquier agresión contra trabajadores resulta inaceptable y advirtieron que mantendrán una estricta observancia sobre el desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo de que los hechos se esclarezcan y se sancione a los responsables.
En su posicionamiento, el sector minero subrayó que las familias y la comunidad no requieren únicamente cifras, sino resultados concretos que se traduzcan en justicia. Reafirmaron su disposición para acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades en el seguimiento del caso.
Asimismo, hicieron un llamado para que la prioridad se concentre en la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, a fin de que puedan regresar con sus familias.
Las organizaciones firmantes también exigieron que el caso no quede impune y que se actúe con la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana en las zonas donde opera la industria minera. “El sector minero unido reafirma su llamado urgente a que este caso no quede impune y que se garantice la integridad de quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”, señalaron.
El comunicado contó con el respaldo de diversas cámaras, asociaciones y clústeres mineros nacionales, entre ellos la Cámara Minera de México, asociaciones profesionales y clústeres de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa, que coincidieron en que la seguridad de los trabajadores debe asumirse como una prioridad nacional.
