Redacción
El Poder Judicial del Estado de México mantiene un compromiso permanente con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, colocando el interés superior de la niñez como eje rector de su actuación institucional. Bajo este principio, la impartición de justicia se orienta con enfoque de derechos humanos, perspectiva de infancia y sensibilidad social. La institución busca garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de este sector. Asimismo, impulsa acciones que fortalezcan su bienestar en distintos ámbitos. Estas medidas responden a un marco legal que prioriza la protección de la niñez.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado tiene la obligación de asegurar el desarrollo integral de este sector en condiciones de igualdad y respeto a la dignidad. Este ordenamiento reconoce derechos fundamentales como la identidad, la vida en familia y el acceso a la educación. También establece garantías en materia de salud, inclusión y participación. A ello se suma el derecho a la información y a vivir libres de violencia. Estas disposiciones constituyen la base normativa de las acciones institucionales.
En este contexto, el Poder Judicial ha implementado diversas estrategias orientadas a proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Estas acciones buscan generar condiciones que favorezcan su desarrollo en entornos seguros. La institución ha reforzado sus mecanismos de atención en casos donde este sector se encuentra involucrado. De esta manera, se promueve una justicia más accesible y especializada. El objetivo es evitar afectaciones adicionales durante los procesos judiciales.
Entre las principales acciones destaca la operación del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este mecanismo permite atender casos con mayor rapidez y enfoque especializado. Asimismo, se han habilitado Salas de Escucha y Salas Lúdicas en distintos puntos del estado. Estos espacios están diseñados para brindar condiciones adecuadas durante los procedimientos judiciales. Su implementación busca reducir el impacto emocional en las y los menores involucrados.
Otra medida relevante es la operación de Centros de Convivencia Familiar en municipios como Toluca, Ecatepec, Ixtapaluca y Nicolás Romero. Estos espacios permiten fortalecer los vínculos entre familias en proceso judicial. Además, garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus progenitores. A través de estos centros se promueve la reconstrucción del tejido social. También se impulsa la solución de conflictos mediante procesos restaurativos.
En cada resolución, las y los jueces aplican el principio del interés superior de la niñez como criterio prioritario. Este enfoque orienta las decisiones para privilegiar el bienestar y desarrollo de este sector. Como referencia, se utiliza el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho instrumento establece lineamientos para la actuación judicial en estos casos. Su aplicación fortalece la protección integral de los derechos de la niñez.
De igual forma, el Poder Judicial se apega a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Este marco normativo establece la obligación de garantizar una vida libre de violencia. También exige la actuación inmediata e integral de las instituciones ante cualquier afectación. Se busca evitar la revictimización durante los procesos legales. Además, se asegura la reparación integral del daño en los casos que corresponda.
