Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de unificar los procedimientos de investigación y las sanciones en todo el país.
La mandataria señaló que la propuesta busca reducir la impunidad, evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma incorrecta y fortalecer la coordinación entre fiscalías. Indicó que los feminicidios disminuyeron 36 por ciento respecto a 2021, aunque sostuvo que la meta es erradicar este delito.
La iniciativa homologa el tipo penal y establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, define 10 circunstancias para acreditar esas razones, entre ellas la violencia sexual, antecedentes de agresiones, estereotipos, prejuicios y relaciones de poder entre la víctima y el responsable.
La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión y establece 19 agravantes que permitirán aumentar la sanción hasta en una mitad. Entre ellas se encuentran que la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
También se aplicarán agravantes cuando el responsable sea una persona servidora pública o cuando la víctima presente lesiones provocadas con ácido, sustancias inflamables u otros métodos de violencia. Además de la pena de prisión, el responsable perderá derechos sucesorios, patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia.
El proyecto establece que el feminicidio, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. Tampoco procederán criterios de oportunidad, conmutación de la pena, libertad condicionada, amnistías, excusas absolutorias ni atenuantes relacionadas con este delito.
Las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género, diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia y preservación adecuada de los indicios. La fiscalía especializada y el Ministerio Público que inicien el expediente deberán participar de manera continua hasta la ejecución de las sanciones.
La iniciativa reconoce el derecho de las víctimas a recibir atención médica, psicológica y jurídica gratuita, así como una reparación integral del daño y atención para niñas, niños y adolescentes en orfandad. También plantea campañas preventivas, la actualización de registros nacionales y la creación de un padrón de menores afectados por feminicidio.
