Hay tragedias que no comienzan con un disparo ni con un accidente, algunas empiezan con una acusación, con unas cuantas palabras escritas en una denuncia que, cuando son falsas, tienen el poder de destruir reputaciones, familias, proyectos de vida e incluso arrancar la existencia de una persona inocente.
México ha construido, con razón, un marco jurídico que busca garantizar que toda víctima pueda denunciar sin miedo y acceder a la justicia, ese derecho constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y jamás debe debilitarse, sin embargo, también existe una realidad incómoda que durante años ha permanecido al margen del debate público: las denuncias falsas utilizadas como instrumentos de venganza, presión, extorsión o destrucción personal.
Uno de los casos que estremeció a la opinión pública fue el del docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien decidió quitarse la vida mientras enfrentaba una acusación en su contra, independientemente de las particularidades jurídicas del caso y de que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, su muerte abrió una profunda reflexión nacional sobre las consecuencias irreversibles que puede tener una imputación cuando la verdad aún no ha sido demostrada.
Cuando una persona pierde el empleo, es exhibida públicamente, es separada de su familia o vive bajo el peso de una acusación cuya falsedad eventualmente pudiera acreditarse, el daño difícilmente puede repararse, la absolución judicial no devuelve los años perdidos, el prestigio destruido ni, mucho menos, la vida de quien decidió no continuar soportando la presión social.
El problema no consiste en denunciar, el problema aparece cuando alguien convierte al sistema de justicia en un arma para fabricar culpables, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de presunción de inocencia como un derecho fundamental, no obstante, en la práctica, muchas personas son condenadas primero por el juicio social y después por un proceso penal que apenas comienza, y, en la era de las redes sociales, una denuncia basta para destruir décadas de esfuerzo profesional.
Por ello resulta indispensable abrir un debate legislativo serio que proteja simultáneamente a las verdaderas víctimas y a quienes son objeto de imputaciones dolosamente falsas.
Una posible iniciativa de ley podría establecer mecanismos que fortalezcan la responsabilidad de quien presenta una denuncia, sin impedir el acceso a la justicia; entre las medidas que podrían discutirse destacan, que toda denuncia presentada ante autoridades ministeriales sea acompañada de la plena identificación del denunciante mediante documentos oficiales vigentes, con la finalidad de evitar identidades falsas o suplantaciones.
De igual forma, que cuando sea razonablemente posible, el denunciante aporte desde el inicio los documentos, registros, mensajes, fotografías, videos u otros elementos objetivos de prueba con los que cuente para sustentar los hechos denunciados, sin que ello elimine la obligación de la autoridad de investigar.
Además de que cuando, mediante resolución firme, se demuestre que una persona denunció dolosamente hechos falsos con el propósito de incriminar a un inocente, obtener un beneficio indebido o causar un daño, se configure un delito específico con sanciones proporcionales.
Así mismo que el responsable de una denuncia dolosamente falsa pueda recibir una pena agravada, considerando la gravedad del daño causado y respetando siempre los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, cualquier equiparación automática con la pena del delito falsamente imputado requeriría un análisis constitucional cuidadoso para garantizar que sea compatible con los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
El objetivo no debe ser desalentar las denuncias legítimas, al contrario, una legislación de esta naturaleza fortalecería la credibilidad del sistema de justicia al distinguir con claridad entre quien busca protección del Estado y quien pretende manipularlo mediante el engaño.
Las auténticas víctimas merecen instituciones que les crean, las protejan y las acompañen, pero también los inocentes merecen un sistema que los defienda de acusaciones fabricadas.
La justicia no puede construirse sobre la mentira, el caso de Alberto Israel Jasso Cruz representa un llamado de atención para legisladores, jueces, fiscalías y sociedad, ninguna legislación devolverá una vida perdida, sin embargo, toda democracia tiene la obligación de aprender de sus tragedias para impedir que vuelvan a repetirse.
México necesita una reforma que castigue con firmeza a quien, de manera dolosa, utilice la denuncia como un instrumento para destruir a otro ser humano, no se trata de limitar derechos, sino de exigir responsabilidad en su ejercicio, porque denunciar constituye un derecho, pero mentir deliberadamente ante la autoridad nunca debería serlo.
La justicia verdadera protege a las víctimas, pero también evita que los inocentes se conviertan en víctimas del propio sistema, esa es la diferencia entre un Estado que simplemente procesa denuncias y un Estado que realmente hace justicia.
