Redacción
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias y entidades federales por faltas consideradas no graves.
Las resoluciones derivaron de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control, con fundamento en la Constitución y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Entre las medidas aplicadas se encuentran suspensiones, inhabilitaciones y amonestaciones por omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de procedimientos, negligencia en la atención de servicios públicos y manejo inadecuado de información confidencial.
En Petróleos Mexicanos fueron suspendidas durante 30 días dos servidoras públicas por no atender el trámite de prestaciones laborales post mortem de un trabajador. En la Comisión Federal de Electricidad, otro funcionario recibió una suspensión de 15 días por registrar solicitudes de contratación sin contar con facultades.
El Instituto Mexicano del Seguro Social inhabilitó durante tres meses a un médico del Hospital General Regional número 1 de Querétaro, debido a omisiones en el diagnóstico y tratamiento de un paciente que posteriormente falleció. En la Secretaría de la Defensa Nacional se aplicó una amonestación privada por deficiencias en la integración de un expediente clínico.
El Sistema Nacional DIF suspendió 15 días a una trabajadora de un centro de asistencia social por maltrato contra un menor. En la Agencia Nacional de Aduanas de México, tres empleados recibieron la misma sanción por omitir la revisión completa del equipaje de pasajeros internacionales.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado suspendió a dos funcionarios por firmar un convenio que excedió el monto permitido en un contrato. En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo se dictaron dos suspensiones contra un servidor público por irregularidades en adecuaciones presupuestarias.
La Secretaría de Salud también aplicó una amonestación pública a una funcionaria por entregar documentación con información confidencial. La dependencia anticorrupción precisó que las personas sancionadas podrán impugnar las resoluciones conforme a los procedimientos legales.
