Redacción
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, luego de concluir una consulta pública en la que participaron alrededor de ocho mil personas y en medio de cuestionamientos de organizaciones que advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión.
La titular de la CRT, Norma Solano, rechazó que las disposiciones tengan como objetivo censurar a los medios de comunicación y sostuvo que el mecanismo busca garantizar que éstos atiendan las inconformidades planteadas por sus audiencias.
“¿Los lineamientos buscan censurar a los medios? No, falso (…) lo que tutela este mecanismo es que el medio siempre responda a su audiencia”, afirmó durante la presentación de las disposiciones aprobadas por el pleno.
El documento final incorporó al menos tres modificaciones respecto de la propuesta original presentada a consulta. Una de ellas se realizó en el artículo 12, relacionado con las obligaciones de los medios respecto de la información difundida.
La redacción inicial establecía que los medios debían adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual. El texto aprobado sustituyó esa disposición por la obligación de adoptar medidas para “preservar la pluralidad y veracidad de la información”.
Otro ajuste modificó la posibilidad de intervención de la CRT durante los procedimientos de queja. La versión original permitía que la autoridad participara en cualquier momento del proceso, mientras que los lineamientos aprobados establecen que podrá hacerlo cuando el medio no responda al recurso presentado por la audiencia.
Las disposiciones recibieron críticas durante su proceso de elaboración por parte de organizaciones y especialistas que consideraron que algunos conceptos podían otorgar a la autoridad facultades para determinar límites sobre los contenidos difundidos por los medios. La CRT sostuvo que las modificaciones realizadas buscan atender parte de esas observaciones.
Con la aprobación del pleno concluye la etapa de consulta pública iniciada para definir las reglas de protección de los derechos de las audiencias, mientras continúa el debate sobre el alcance que tendrá la intervención de la autoridad reguladora frente a medios de comunicación y concesionarios.
