Ismael Alemán
Con la cercanía de nuevos procesos electorales, el escenario político en los municipios del Estado de México comienza a mostrar señales de una mayor confrontación entre grupos e intereses. En este contexto, las redes sociales han adquirido un papel relevante como espacios para difundir información, cuestionamientos y posicionamientos sobre el desempeño de los gobiernos municipales, eso es bueno si no lo hicieran de mala fe realizando acusasiones sin fundamento y de mala fe.
Facebook y otras plataformas digitales permiten que cualquier persona pueda expresar opiniones o formular señalamientos sobre autoridades y servidores públicos. Sin embargo, esta facilidad también plantea retos cuando las publicaciones contienen acusaciones que no presentan documentos, datos verificables o elementos que permitan comprobar lo señalado.
La discusión adquiere particular relevancia cuando determinadas páginas buscan presentarse ante los usuarios como espacios informativos, pese a que sus contenidos pueden mezclar información, opinión y posicionamientos políticos. La diferencia entre una crítica periodística y una publicación cuyo propósito sea desacreditar a un funcionario debe establecerse a partir de la evidencia, el contexto y la posibilidad de contrastar las versiones.
En los municipios mexiquenses, los gobiernos locales están sujetos al escrutinio ciudadano y tienen la responsabilidad de transparentar sus decisiones, obras, programas y utilización de recursos públicos. Al mismo tiempo, quienes realizan señalamientos sobre esas administraciones deben asumir la responsabilidad de sustentar sus afirmaciones, particularmente cuando involucran posibles conductas ilícitas o irregularidades administrativas.
Tenango del Valle forma parte de este escenario. La administración municipal encabezada por el presidente municipal Roberto Bautista Arellano también enfrenta el debate público generado en plataformas digitales, donde circulan cuestionamientos, muchos de mala fe y sin fundamentos que buscan dañar el desempeño del Ayuntamiento y sus decisiones de gobierno.
Ante este tipo de publicaciones, corresponde a las autoridades municipales informar y transparentar los asuntos que sean de interés público, mientras que corresponde a las autoridades correspondientes, a la ciudadanía y habitantes del municipio, hacer una investigación de las versiones antes de asumir como ciertos los contenidos difundidos en redes sociales. La existencia de una publicación en internet, por sí misma, no constituye prueba de la veracidad de una acusación.
El escenario electoral puede incrementar la disputa entre grupos políticos y convertir las plataformas digitales en espacios de confrontación. Por ello, el debate público requiere distinguir entre crítica, opinión, información comprobable y acusaciones que, en su caso, tendrían que ser presentadas ante las instancias competentes para determinar si existe alguna responsabilidad.
Más allá de intereses partidistas o electorales, el reto consiste en mantener un debate público sustentado en información verificable. Las redes sociales pueden contribuir a la rendición de cuentas cuando se utilizan responsablemente, pero también pueden generar desinformación cuando los señalamientos se difunden sin evidencia suficiente.
