Redacción
El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, en medio del escándalo por contrataciones con proveedores electorales que alcanzó a la gestión de la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei.
La denuncia busca que la FGR determine si existieron conductas constitutivas de delito y establezca las responsabilidades correspondientes. El INE no detalló públicamente qué funcionarios o exfuncionarios quedaron incluidos en la querella ni los contratos específicos que forman parte de la investigación.
El caso cobró relevancia a partir de información sobre contratos otorgados a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores de materiales utilizados en procesos electorales, así como por señalamientos sobre posibles vínculos entre empresarios y personas que trabajaron dentro del organismo.
Las contrataciones y relaciones con proveedores colocaron bajo cuestionamiento la administración de Taddei, quien dejó anticipadamente la presidencia del INE el 25 de octubre. Posteriormente, las consejerías acordaron acudir ante las autoridades para que se revisaran posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
La controversia también llegó al Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las contrataciones electorales fueran investigadas y sostuvo que cualquier actuación irregular durante la gestión de Taddei debía ser revisada por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo presentó una investigación elaborada con fuentes abiertas sobre las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, la cual ubicó antecedentes de contratos electorales desde hace más de dos décadas y señaló que la red empresarial amplió sus operaciones durante distintas administraciones.
Según esa revisión, entre 2015 y 2023, 23 organismos públicos locales electorales asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a compañías vinculadas con los Hernández Casillas, mientras que entre 2024 y 2025 recibieron otros 646.3 millones de pesos de 15 organismos estatales.
Con la denuncia presentada por el propio INE, corresponderá ahora a la FGR definir el alcance de la investigación, identificar las operaciones que serán revisadas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra funcionarios, exfuncionarios o particulares involucrados.
