REDACCIÓN
Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, en una reunión celebrada la mañana de este jueves con los integrantes de la Asamblea Consultiva de la CEAV, entregó el Informe 2019 donde asienta que “pese a los establecido en la Ley, la institución ha tenido que operar sola”.
El titular de la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hasta este 15 de junio, fecha en que se hace efectiva su renuncia al cargo, planteó que hizo falta mayor acompañamiento en el cumplimiento al frente de esta institución creada para atender las solicitudes de las víctimas de la violencia e inseguridad cuyo número ha crecido exponencialmente en los últimos 12 años en el país.
En el informe al que tuvo acceso Notimex, explica que “se da cuenta de los avances que en favor de las víctimas se han dado, se responden las principales interrogantes que se plantean al sistema mexicano (…), se proponen los siguientes pasos que, a partir de la experiencia de la CEAV, son necesarios para continuar la construcción de la política del Estado en esta materia”.
El funcionario destaca entre los logros, el marco legal creado para la atención a las víctimas, que fue impulsado desde los organismos organizados en colectivos.
¨La tragedia humanitaria que comenzó hace más de doce años con consecuencias funestas para México, potenciada por políticas de seguridad que no estuvieron a la altura de las necesidades de la población, así como el desamparo al que estaban sujetas las víctimas, generó un gran movimiento de colectivos que logró en 2013, la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV) y, con ella, la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV)”.
Paradójicamente, ese sentimiento de desamparo también fue externado a Notimex por diversos colectivos de víctimas, quienes expresaron que no recibieron el apoyo que requerían por parte de la CEAV.
En el informe se asientan las propuestas para la reforma de la Ley General de Víctimas entre las que destaca atención de servicios de salud, simplificación de trámites para otorgar medidas de ayuda, reparación colectiva y acotar el catálogo de delitos que conoce la Asesoría Jurídica Federal.
