REDACCIÓN
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno federal analiza la posibilidad de aplicar –de conformidad con la ley- procedimientos más ágiles y expeditos para liberar a quienes están encarcelados de manera injusta en el país.
En conferencia de prensa, donde se presentó a un grupo de defensores de los bosques en el Estado de México recién liberados por intermediación de la Secretaría de Gobernación, dijo que muchas personas que están en la cárcel sin sentencia desde hace años, ya son ancianos, nunca tuvieron defensores, son indígenas que no hablan castellano o por pobreza, no pudieron pagar sus fianzas.
Insistió que en todos los casos se respetará la legalidad, pero se hará una revisión de cada uno de ellos, porque hay a quienes se les fabricaron delitos, en lo cual estará trabajando la Secretaría de Gobernación que ahora funge como la principal instancia del Estado Mexicano para la defensa de los derechos humanos.
Las personas liberadas son Fermín Esquivel Roja, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, mencionó que con los seis defensores del bosque, suman ya 31 personas que han sido liberadas en lo que va de esta administración “y estamos en el desahogo de todas las solicitudes de revisión de casos en donde se nos han presentado expedientes y fichas muy concretas”.
Encinas Rodríguez comentó que se examinará caso por caso, “porque también tenemos problemas de presos políticos y otros de políticos presos, que no es lo mismo, o gente que cometió delitos y se quiere presentar como gente que fue violada en sus derechos humanos”.
De tal suerte, que se analizan 538 casos en particular y en una primera revisión “consideramos que hay elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura”.
Refirió que se hará una revisión exhaustiva en coordinación con las autoridades locales y las fiscalías, en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del fuero común.
En este sentido, llamó a los gobernadores de los estados y a los fiscales locales para que coadyuven en el desahogo de la revisión de los expedientes, “como lo estamos haciendo también en el caso de la Fiscalía General de la República, en donde tenemos en puerta la revisión de nuevos expedientes para que, a través de la figura de desistimiento puedan obtener su libertad gente que está injustamente detenida”.
En su turno, Cutberto Vilchis García, representante propietario de bienes comunales de la comunidad agraria de Salazar, detalló que el 17 de agosto de 2017 se dictó sentencia en el juicio agrario 446/2005, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo el 9 de noviembre de 2016 con número 445/2014.
“Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal Unitario Agrario Número 9 de la ciudad de Toluca, la cual resuelve que no procede la restitución de tierras requerida por San Mateo Atarasquillo, y se me reconoce la personalidad jurídica como representante comunal propietario de la comunidad agraria de Salazar”, indicó.
Precisó que cuatro días después de esa sentencia, se llevó a cabo el operativo en el que fueron detenidos los seis defensores del bosque. Refirió que un grupo de personas de San Mateo Atarasquillo vendió “nuestras tierras a gente de gran poder económico y político, y con esa sentencia se venía abajo su negocio”.
“Las vendieron a pesar que aún no se acaba el litigio agrario, las vendieron a pesar que había una medida cautelar que ordenaba que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban”, explicó.
Tras su liberación, agradeció el apoyo de las autoridades federales a su lucha social y a su reclamo de justicia, “todo ello bajo el encargo del compromiso de campaña que realizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos”.
Daneyra Becerril Villavicencio, precisó que en su caso, los hechos ocurrieron a las dos de la madrugada del 31 de agosto del 2017, luego de un operativo realizado por el gobierno del Estado de México en el que participaron más de mil elementos de la policía ministerial, estatal, granaderos y militares.
“Con exceso de violencia y fuerza policial desmedida saquearon y destruyeron las casas a las que entraron, incluso algunos hicieron detonaciones con sus armas de fuego para amedrentar a nuestras familiares, encañonando y asustando a nuestros hijos menores de edad, que a la fecha tienen secuelas psicológicas. Aquello fue una pesadilla”, detalló.
