REDACCIÓN
Los niños mexicanos tienen que recibir una educación con perspectiva de género desde el nivel más básico, así como una enseñanza que evite la violencia entre los infantes, aseguró la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.
La coordinadora parlamentaria propuso reformas a los artículos 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de poner mayor atención a las condiciones físicas en que se encuentran las escuelas en su conjunto y en donde estudian los niños y adolescentes.
Explicó que la educación no solamente depende de los conocimientos y los hábitos que maestros y maestras comparten con los educandos, sino que es muy importante también la calidad de la infraestructura escolar, que influye de manera significativa en el aprendizaje de las y los estudiantes, porque se trata del entorno en el que conviven alumnos y maestros por espacios prolongados de tiempo.
Juárez Piña dijo que el dictamen de esa iniciativa ya fue aprobado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y se espera que en el próximo período ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero pase al Pleno de San Lázaro
El fin último de esa iniciativa, detalló, es erradicar la violencia entre los infantes e implementar educación con igualdad de género, además de garantizar la infraestructura óptima para el buen desarrollo y aprendizaje de los educandos.
El dictamen busca la modificación al Artículo 57 en la fracción VIII, dijo, con lo que se pretende que el Estado preste «servicios educativos en infraestructura óptima, para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo y una adecuada integración social de los educandos».
En el dictamen se explica que deberán elaborarse protocolos especiales de actuación sobre situaciones de emergencia por fenómenos naturales, acoso o violencia escolar, para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Además conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país.
