REDACCIÓN
Frente a la pandemia por el COVID-19, a través de un pronunciamiento, la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC) señaló la urgente necesidad de que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno adopten criterios y parámetros internacionales en materia de derechos humanos, diseñen una estrategia integral de medidas sanitarias concretas para prevenir y controlar el virus y refuercen el sistema económico mexicano para garantizar la estabilidad del sector.
La red está integrada por miembros del Sistema Nacional de Investigadores, del cual forma parte el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, y de universidades de México, Colombia y Brasil, quienes, en sesión de trabajo, establecieron en un documento de 14 puntos, que ninguno de los derechos humanos es más valioso que otro, por tanto deben ser garantizados de manera irrestricta e invariable, en especial el derecho a la información veraz y oportuna, incluyendo difusión para los pueblos originarios.
El pronunciamiento señala que para la toma de decisiones encaminadas a frenar y erradicar el COVID-19, el poder público debe adoptar criterios de racionalidad; dichas decisiones deben asegurar la vigencia del Estado constitucional, la continuidad de la vida institucional y democrática, sin deteriorar las condiciones de vida y derechos de los habitantes; así como, salvaguardar la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas más vulnerables, como adultos mayores, migrantes, niñas, niños, adolescentes, mujeres y portadoras de VIH, así como de quienes desempeñan trabajos precarios o están en situación de calle.
Asimismo, menciona que el Congreso de la Unión debe emitir las normas reglamentarias del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar certidumbre jurídica a los habitantes, en casos como la actual pandemia de coronavirus COVID-19.
El gobierno debe asegurar condiciones óptimas para la preservación de los derechos humanos y dotar de las herramientas necesarias a los trabajadores del sector salud para que desempeñen su importante labor en un marco de certeza y protección a sus derechos esenciales; además, el Ejecutivo federal debe diseñar una estrategia integral de medidas sanitarias para prevenir y controlar los contagios, y levantar el confinamiento de forma gradual y coordinada, con los necesarios protocolos de atención para las personas vulnerables.
La RIEC enfatiza que se debe evitar el trato diferenciado a personas infectadas por el virus, es decir, la discriminación en la atención médica, y que las decisiones al respecto no solo deriven del Consejo de Salubridad General, ya que corresponde a los tres ámbitos de gobierno implementar las medidas que salvaguarden los derechos humanos sin distinción alguna.
El pronunciamiento indica que el gobierno mexicano debe fortalecer el federalismo, para potenciar los efectos de las acciones tomadas en los ámbitos municipal, estatal y federal, verificar el cumplimiento de las medidas expedidas y promover los mecanismos idóneos para no poner en pausa las actividades esenciales de las instituciones públicas.
Por último, establece que el gobierno mexicano debe adoptar medidas y acciones acordes a la capacidad productiva del país, para garantizar la estabilidad en el sector económico y afianzar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, aun en medio de la pandemia.
