REDACCIÓN
La respuesta del gobierno para hacer frente al problema de contaminación continúa siendo bajo un cálculo político y mediático, dejando de lado la prioridad que es la salud y que afecta en particular a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, opinó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
Al manifestar sus consideraciones sobre la situación que enfrenta el Valle de México debido a los altos índices de contaminación, destacó la importancia de reconocer la gravedad de esta situación toda vez que al año en México mueren más de mil 600 niños, niñas y adolescentes debido a complicaciones de asma.
En entrevista, señaló que la actual administración está haciendo lo mismo que las otras anteriores: un cálculo político y mediático de los temas sin tener una actitud seria y repitiendo esquemas de simulación.
Para Pérez García, el argumento de “no nos dejaron un protocolo” es realmente ofensivo, porque éste no define la respuesta sino la política ambiental en la cual ya hay una ley que define los parámetros ante los cuales hay que actuar.
“Esto implica que bastaba con que se hubiera alcanzado cierto nivel de ozono para declarar la contingencia y declarar la suspensión de actividades escolares», apuntó.
Explicó que esta simple acción hubiera sido suficiente para ayudar a mejorar la movilidad y reducir emisiones, ya que en la ciudad hay niños, niñas y adolescentes en educación básica que representan también fuertes movilizaciones de transporte particular y público.
Lo anterior, dijo, lleva a la necesidad de crear una política de Estado en la que participen de forma integral los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para dar respuesta a este problema que no es exclusivo de una alcaldía o de un municipio, sino de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La magnitud del mismo problema lo eleva a un rango de carácter federal, pero que incluya la participación estatal y municipal para atender desde todos los puntos los elementos causantes de la concentración de contaminantes.
Por lo mismo, aseveró que hay que descartar la versión de que el recorte al área encargada de control de incendios esté contribuyendo a que haya más conflagraciones y que, por lo mismo, se propicie el nivel de contaminación que se registra.
En realidad, a su juicio, si se aborda el problema desde una política de Estado se podrán retomar temas como el de la verificación vehicular, sobre todo considerando que en el Valle de México circulan más de cinco millones de autos.
En ese sentido, recordó que todo mundo sabe que en el Estado de México los altos niveles de corrupción permiten que se pueda circular sin cubrir los estándares de regulación de baja contaminación.
Ante ello, es indispensable contar con regulaciones apropiadas que definan la forma de operar de todos los verificentros, así como las acciones a tomar en transporte público, orden de circulación y operatividad de las industrias mientras existan altos niveles de contaminación.
Asimismo, consideró apremiante subir los estándares de medición, ya que hoy no sólo son las partículas pm 10 sino las pm2.5 las que están afectando la salud de niñas, niños y adolescentes.
Por último, aseveró que urge considerar acciones en pro de la salud de los menores, en particular los más pequeños, ya que son los más vulnerables porque todavía están en desarrollo y sus sistemas respiratorios son más sensibles.
