REDACCIÓN
Miembros de cuerpos de seguridad estatales y municipales señalan 10 obstáculos que impiden el acceso a la justicia para las mujeres que han sido violentadas en sus derechos humanos.
Tatiana Revilla Solís, integrante de la organización Gender Issues, expone el tema en su texto Fallas y retos de la atención de la violencia de género contra las mujeres, publicado por El Colegio de la Frontera Norte dentro de la instancia Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera Norte 2019.
«Parte del trabajo que hemos realizado han sido mesas de trabajo y grupos focales al personal policíaco municipal y estatal en varios estados y las problemáticas más señaladas» son diversas, expuso la investigadora.
Entre los obstáculos que impiden conseguir la justicia está que «al llegar al Ministerio Público regresan a las mujeres que no muestren señales de violencia física grave, por falta de información en el tema de perspectiva de género y protocolos de actuación».
Abundó que el representante social, con esa actitud, desincentiva la denuncia o envía a las mujeres a otras agencias o Centros de Justicia, después de hacerlas esperar horas.
Las mujeres tienen que moverse con sus propios recursos, en tiempo fuera de la jornada laboral, todo debe ser cubierto por las denunciantes para acudir ante un Ministerio Público.
No hay especialización policial en el tema, falta claridad en quién debe dar seguimiento a las órdenes de protección, conflicto ente las policías municipales, estatales y ministeriales, mencionó.
También hay una falta de normatividad municipal que brinde facultades a las policías municipales y estatales en el tema de violencia contra las mujeres. Ellas, debido a todos esos obstáculos, muchas veces se arrepienten, por lo cual las autoridades y la víctima misma, ven como pérdida de tiempo interponer una denuncia.
Existe una falta de peritos en las dependencias donde deben recibir las denuncias, el tiempo calculado es de seis horas, además hay que sumar lo que significa llenar el Informe Policial Homologado y los formatos internos de la corporación ante la cual se hace la denuncia.
Y deben considerarse las remuneraciones bajas que recibe ese personal policiaco y administrativo, con cargas de trabajo excesivas y horarios agotadores, lo cual hace necesario una revisión de este aspecto para que el acceso a la justicia para las mujeres sea efectivo.
«Las propuestas centrales deben estar en cómo lograr una incorporación de perspectiva de género en todo el sistema de acceso a la justicia, (porque) mientras las respuestas al tema de la violencia contra las mujeres estén centradas en lo punitivo y no se ponga el foco en las fallas operativas, pocas esperanzas de solución se vislumbran», alertó Revilla Solís.
